* La organización pidió a la Sala Superior analizar de fondo las modificaciones del INE a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027……
Por Martha Romero
La organización Poder Ciudadano acudió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para defender la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la revisión de las reglas con las que se organizan las elecciones.
Tras sostener audiencias con las cinco ponencias de la Sala Superior, la organización planteó que la participación ciudadana no debe limitarse a emitir el voto o vigilar la jornada electoral.
Gabriela Sterling Ávalos, presidenta de Poder Ciudadano, expuso los argumentos relacionados con los expedientes acumulados SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026, que están vinculados con las modificaciones aprobadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027 y al proceso de observación electoral. Sostuvo que la integración de las mesas directivas de casilla es un asunto que corresponde a los ciudadanos, debido a que quienes reciben y cuentan los votos representan una garantía para todas las personas electoras.
Explicó que esta función debe mantenerse al margen de las preferencias políticas y de los resultados de las contiendas, por lo que es necesario contar con vías institucionales para revisar decisiones que puedan afectar la preparación y desarrollo de los procesos electorales.
Resaltó que su petición ante el TEPJF no busca intervenir en una controversia partidista, sino solicitar la revisión de reglas generales que tienen efectos sobre quienes ejercen su derecho al voto. “No venimos a pedir que se nos dé la razón.
Venimos a pedir que se nos escuche sobre el fondo, ya que estas reglas vulneran la confiabilidad de las elecciones justo en el tramo en que el proceso electoral está a cargo de los ciudadanos”, afirmó.
Sterling Ávalos recordó que la propia Sala Superior le reconoció interés legítimo en el expediente SUP-JDC-1940/2025, relacionado con una respuesta del Consejo General del INE sobre la apertura de mesas de diálogo para la elección judicial.
Además, dijo, presentó precedentes en los que el Tribunal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han reconocido la legitimación de organizaciones de la sociedad civil para defender derechos políticos e intereses colectivos.
Subrayó que en la organización civil no defienden una candidatura, un partido político ni un resultado electoral, sino buscan que el Tribunal determine si las modificaciones impugnadas mantienen las garantías constitucionales necesarias para la organización de una elección nacional.
Señaló que la ciudadanía también debe tener la posibilidad de vigilar, mediante las vías institucionales, las decisiones que se toman durante la preparación de los comicios. Por ello, solicitó que el proyecto de sentencia permita analizar el fondo de la controversia y reconozca la función de las organizaciones de la sociedad civil en la observación, vigilancia y defensa de la integridad electoral.
Reiteró su respeto a la autonomía del TEPJF y manifestó su confianza en que la Sala Superior valorará la importancia de mantener abiertas las vías institucionales de participación ciudadana antes de la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027.
Finalmente, precisó que las audiencias no anticipan el sentido de la resolución ni representan un pronunciamiento de las magistraturas sobre el caso, sin embargo, durante los encuentros fueron escuchados sus argumentos sobre los problemas de confiabilidad y certeza que generan los acuerdos del INE, así como las razones por las que considera que debe reconocérsele interés legítimo para impugnarlos.
