Por Karina A. Rocha Priego
En México, la responsabilidad política parece tener distintas consecuencias dependiendo del cargo, las circunstancias y el peso de los personajes involucrados, mientras Guadalupe Taddei Zavala terminó renunciando a la presidencia del Instituto Nacional Electoral ante señalamientos de presuntos conflictos de interés y contrataciones irregulares, Rubén Rocha Moya conserva su condición de gobernador con licencia, pese a las acusaciones formuladas en Estados Unidos, y Adán Augusto López Hernández continúa como senador, aun cuando su trayectoria política permanece bajo cuestionamientos por el escándalo de seguridad que involucra a su antiguo colaborador Hernán Bermúdez Re quena a quien, desde diferentes frentes políticos, han luchado por “proteger”, “invisibilizar” y “olvidar” para evitar el escándalo vaya desapareciendo.
Taddei se fue, el escándalo perdura
La renuncia de Guadalupe Taddei, formalizada el 26 de octubre, ocurrió cuando las investigaciones sobre contratos electorales y presuntas relaciones indebidas con proveedores comenzaban a comprometer la credibilidad institucional del INE, particularmente después de conocerse posibles conflictos de interés y operaciones empresariales millonarias que obligaron a intervenir a los órganos fiscalizadores, y la pauta, la dio la mismísima Claudia Sheinbaum en su mañanera al asegurar que “nadie quedaría impune”, y ese fue el mensaje “¡todos sobre Taddei”, pues bajo la manga, ya tenían pensado “culpar a otros, de otras administraciones” y, de paso, “sacudirse a Taddei y desconocerla”.
Claro que su salida representó una consecuencia política inmediata frente a cuestionamientos que todavía requieren esclarecimiento.
Por lo pronto, las investigaciones pretenden apuntarlas a contrataciones realizadas durante diferentes administraciones electorales, sin embargo, más claro que el agua, es que Guadalupe Taddei, resultó ser una verdadera “hampona, corrupta, voraz, sinverguenza y mentirosa” -como todos los de este movimiento-, lo que obliga a preguntarse por qué los mecanismos de vigilancia resultaron insuficientes durante tantos años, quién autorizó las adjudicaciones cuestionadas y cuántos funcionarios pudieron participar en decisiones que ahora deberán examinarse, porque sustituir a una presidenta no garantiza que desaparezcan las prácticas administrativas bajo sospecha.
Rocha Moya, escándalo internacional
El contraste con Rubén Rocha Moya resulta inevitable, el gobernador sinaloense fue incluido en acusaciones estadounidenses por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa, señalamientos que ha rechazado y cuya acreditación corresponde a las autoridades judiciales, posteriormente solicitó licencia, intentó reincorporarse el 21 de agosto y volvió a separarse del cargo al día siguiente, después de fuertes cuestionamientos políticos, sin embargo, su situación mantiene abierta una discusión sobre las responsabilidades institucionales derivadas de acusaciones internacionales de semejante gravedad.
La diferencia jurídica entre una investigación administrativa y una acusación penal resulta evidente, pero también debería serlo la obligación de esclarecer públicamente los hechos, particularmente cuando están involucradas instituciones encargadas de combatir organizaciones criminales, porque la ciudadanía necesita conocer no solamente las decisiones procesales, sino también las garantías de que las investigaciones avanzarán sin privilegios, interferencias ni arreglos políticos.
Adán Augusto, sin coordinación, pero con escaño
El caso de Adán Augusto López Hernández tampoco puede minimizarse, durante su administración en Tabasco nombró secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, posteriormente señalado por presuntos vínculos con La Barredora, situación que abrió preguntas sobre los controles de confianza, la supervisión de los mandos policiales y el conocimiento que tenían las autoridades superiores acerca de las actividades atribuidas a su colaborador.
Aunque Adán Augusto abandonó en febrero la coordinación parlamentaria de Morena y la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, conservó su escaño y aseguró que dedicaría mayores esfuerzos al trabajo político territorial, una decisión legítima dentro del marco parlamentario, pero que no responde por sí misma a las interrogantes sobre cómo funcionó la estructura de seguridad durante su administración en Tabasco.
Nadie puede atribuirle responsabilidades penales únicamente por haber nombrado a un funcionario posteriormente investigado, pero los “vínculos” entre ambos funcionarios, sugieren la conformación de una “mancuerna” diabólica que permitió al crimen organizado de aquella entidad, extenderse “bajo la protección” del propio Gobierno de Rocha Moya, hasta que fue “señalado” por el Gobierno de Estados Unidos porque, en México, ¡nunca se hubiera hecho!.
El poder también debe rendir cuentas
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de demostrar que las instituciones encargadas de investigar posibles actos de corrupción y criminalidad actúan con independencia, sin importar la cercanía de los señalados con el gobierno, sus antecedentes partidistas o su influencia dentro de las estructuras políticas, porque la confianza pública depende de investigaciones serias, procedimientos transparentes y resultados verificables, no solamente de declaraciones sobre honestidad y compromiso democrático.
¿Quién responde ante los ciudadanos?
La verdadera discusión no consiste en exigir culpables anticipadamente ni convertir acusaciones en sentencias, sino en reclamar explicaciones y consecuencias institucionales cuando existen indicios que justifican investigaciones, porque una renuncia, una licencia o la pérdida de una coordinación parlamentaria no sustituyen la obligación de conocer la verdad, establecer responsabilidades y sancionar cualquier ilegalidad que llegue a demostrarse.
La pregunta permanece incómoda para todo el sistema político mexicano, por qué unos escándalos terminan con renuncias definitivas, otros con licencias y otros solamente con reacomodos parlamentarios, si todos deberían enfrentar el mismo principio fundamental, ningún cargo público, influencia política o cercanía con el poder puede convertirse en una protección frente al escrutinio ciudadano.
