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Préstamos “gota a gota” asfixian a familias de 28 municipios mexiquenses

* El Estado de México registra la mayor presencia territorial de esta modalidad de préstamos abusivos, mientras las investigaciones revelan redes de extorsión, amenazas, cobros violentos y operaciones mediante plataformas digitales, pese a los operativos de seguridad, persisten interrogantes sobre la protección de las víctimas y la capacidad institucional para frenar el endeudamiento criminal……

Por Mary González

El Estado de México enfrenta una preocupante expansión de los préstamos conocidos como “gota a gota”, modalidad de financiamiento informal vinculada con prácticas de extorsión que ha sido identificada en 28 municipios mexiquenses, entre ellos Ecate pec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla, demar caciones donde la necesidad económica de comerciantes y familias representa un terreno vulnerable frente a prestamistas que ofrecen dinero inmediato, imponen intereses elevados y, en casos documentados, utilizan amenazas e intimidaciones para exigir pagos.

El fenómeno alcanza 31 entidades federativas y presenta diferencias en su contabilización nacional, pues algunos reportes identifican 164 municipios y alcaldías, mientras otros elevan el registro a 172 demarcaciones, discrepancia que no modifica la situación mexiquense, donde la presencia documentada en 28 municipios evidencia la necesidad de fortalecer investigaciones, mecanismos de denuncia y alternativas financieras para quienes recurren a estos créditos.

DE LA NECESIDAD ECONÓMICA A LAS AMENAZAS

El mecanismo suele comenzar con ofrecimientos de préstamos rápidos, sin avales ni verificaciones bancarias, dirigidos especialmente a pequeños comerciantes, trabajadores independientes y personas excluidas del sistema financiero tradicional, posteriormente aparecen cobros diarios, intereses difíciles de cubrir y penalizaciones que pueden multiplicar las obligaciones originales, hasta convertir una necesidad económica temporal en un problema de seguridad para las familias.

Las consecuencias pueden agravarse cuando los cobradores recurren a intimidaciones, amenazas contra familiares, exhibición pública de deudores o daños patrimoniales, conductas que dejan de constituir simples controversias financieras y pueden configurar delitos, situación que exige diferenciar los préstamos informales legítimos de aquellos utilizados para obtener dinero mediante violencia o coacción.

La presencia de estas prácticas en municipios densamente poblados plantea interrogantes sobre la capacidad preventiva de las autoridades, particularmente en mercados, tianguis, corredores comerciales y colonias donde los pequeños negocios necesitan financiamiento para mantener operaciones y difícilmente encuentran créditos accesibles.

OPERATIVOS REVELAN REDES DE EXTORSIÓN

La gravedad del problema quedó evidenciada durante la Operación Desconexión, desarrollada durante 46 días y cuyos resultados fueron presentados en abril de 2026, cuando autoridades federales y estatales informaron sobre la detención de 102 personas presuntamente relacionadas con actividades de extorsión y el aseguramiento de 192 inmuebles utilizados en distintas operaciones investigadas.

Entre los establecimientos intervenidos se encontraban 67 centros de llamadas, cinco centrales de préstamo, 14 puntos de venta de drogas y 106 establecimientos clasificados como giros negros, infraestructura que permitió dimensionar la diversidad de actividades investigadas y la utilización de negocios aparentemente ordinarios para desarrollar posibles esquemas delictivos

La Fiscalía mexiquense también informó que entre julio de 2025 y marzo de 2026 recibió mil 84 denuncias por extorsión, de las cuales aproximadamente 62 por ciento correspondieron a modalidades indirectas mediante llamadas, mensajes y plataformas digitales, cifra que no representa exclusivamente préstamos “gota a gota”, pero permite observar la importancia de investigar las nuevas formas de intimidación financiera.

PRÉSTAMOS DIGITALES AMPLÍAN LOS RIESGOS

El problema ya no se limita a cobradores que recorren establecimientos comerciales, también comprende esquemas digitales que utilizan aplicaciones, redes sociales y servicios de mensajería para ofrecer financiamiento aparentemente sencillo, obtener información personal y posteriormente presionar a quienes presentan dificultades para cubrir las cantidades exigidas.

Esta transformación obliga a reforzar la investigación de plataformas fraudulentas, identificar cuentas utilizadas para recibir pagos, rastrear movimientos financieros y determinar quiénes coordinan las estructuras de cobranza, porque detener operadores individuales no necesariamente permite desarticular las redes que administran recursos y organizan actividades ilícitas.

28 MUNICIPIOS BAJO PRESIÓN FINANCIERA

La situación exige respuestas verificables de la Secretaría de Seguridad estatal, la Fiscalía Gene ral de Justicia y los gobiernos muni cipales, particularmente sobre denuncias recibidas, investigaciones abiertas, detenciones judicializadas y medidas de protección otorgadas a personas amenazadas, información indispensable para evaluar resultados más allá del número de operativos realizados.

También resulta necesario establecer cuántos establecimientos co merciales han denunciado estas prácticas, cuáles municipios concentran investigaciones y qué mecanismos existen para impedir represalias contra las víctimas, debido a que el temor puede dificultar las denuncias y mantener ocultas numerosas agresiones.

El combate a estos esquemas tampoco puede depender exclusivamente de acciones policiales, requiere ampliar opciones de crédito accesible, impulsar educación financiera y fortalecer la supervisión de ofertas fraudulentas, especialmente para comerciantes y familias que necesitan recursos urgentes sin exponerse a condiciones abusivas.

La presencia documentada en 28 municipios representa una advertencia que exige atención institucional permanente, porque mientras las investigaciones no logren identificar a los responsables, proteger a las víctimas y reducir las oportunidades de operación de estas redes, el endeudamiento abusivo continuará representando un riesgo económico y de seguridad para miles de mexiquenses.

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