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Exhiben sueldos excesivos en TRIJAEM e INFOEM

* Observaciones del OSFEM revelan presuntos pagos superiores a los límites legales, prestaciones sin justificación y deficiencias administrativas en instituciones encargadas de vigilar la legalidad y garantizar la transparencia, mientras el desaparecido Infoem deja 63 observaciones pendientes de aclaración……

Por Karina Rocha

Toluca, México.- Los organismos encargados de vigilar la legalidad, combatir irregularidades administrativas y garantizar la transparencia en el Estado de México enfrentan serios cuestionamientos por el manejo de recursos públicos, luego de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) detectara presuntas remuneraciones superiores a los límites autorizados, prestaciones económicas sin respaldo documental suficiente y deficiencias administrativas en el Tribunal de Justicia Administrativa (Trijaem) y el desaparecido Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infoem), hallazgos que ponen bajo escrutinio la congruencia de instituciones cuya responsabilidad era precisamente vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales.

La revisión correspondiente al ejercicio fiscal 2025 exhibió posibles incumplimientos en el pago de sueldos y prestaciones, particularmente en el Trijaem, donde se identificaron remuneraciones que habrían superado el límite establecido para la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, situación que exige esclarecer quién autorizó esas percepciones, qué funcionarios resultaron beneficiados y bajo qué argumentos administrativos se justificó utilizar recursos públicos para cubrir cantidades superiores a las permitidas.

EL TRIBUNAL QUE SANCIONA IRREGULARIDADES, BAJO OBSERVACIÓN

El señalamiento adquiere especial relevancia porque el Trijaem tiene entre sus responsabilidades resolver procedimientos relacionados con faltas administrativas graves, una función que exige estricto apego a la legalidad y que contrasta con las observaciones encontradas en su propia administración, donde también fueron detectadas aportaciones a fondos de ahorro, seguros de separación y retiro sin acreditarse suficientemente las autorizaciones o disposiciones normativas que respaldaran su financiamiento.

Durante 2025, el Tribunal ejerció aproximadamente 325.4 millones de pesos, de los cuales 265.3 millones fueron destinados a servicios personales, mientras la fiscalización derivó en 41 observaciones agrupadas en 11 resultados, cifras que obligan a revisar no solamente las remuneraciones superiores a los límites aplicables, sino también la estructura administrativa, las prestaciones adicionales y los mecanismos internos utilizados para aprobar los pagos.

Resulta indispensable establecer si los recursos observados podrán justificarse legalmente o deberán reintegrarse, además de determinar si existieron responsabilidades de quienes autorizaron, tramitaron o recibieron pagos indebidos, porque la autonomía administrativa de un organismo público no significa libertad para establecer privilegios económicos al margen de los tabuladores y restricciones presupuestales.

INFOEM DESAPARECE, PERO DEJA CUENTAS PENDIENTES

El panorama tampoco resulta favorable para el extinto Infoem, organismo que concluyó su último ejercicio fiscal completo con 63 observaciones financieras y administrativas que deberán aclararse, pese a que la institución ya desapareció como resultado de la reorganización del sistema de transparencia, circunstancia que abre interrogantes sobre quién asumirá la responsabilidad de solventar las inconsistencias y responder por las decisiones presupuestales tomadas durante su funcionamiento.

Durante 2025, el organismo ejerció 191.4 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 156.2 millones fueron destinados al pago de personal y 32 millones a servicios generales, sin embargo, la fiscalización identificó remuneraciones superiores a los tabuladores autorizados, plazas cuya comprobación resultó insuficiente y deficiencias relacionadas con contrataciones, estudios de mercado y documentación justificativa.

Entre los cuestionamientos aparecen posibles adquisiciones fraccionadas, duplicidad de funciones, procedimientos sin suficiencia presupuestal acreditada y registros contables que requieren aclaración, elementos que deben investigarse individualmente para determinar si corresponden a fallas administrativas subsanables o conductas que ameriten procedimientos de responsabilidad.

LA DESAPARICIÓN INSTITUCIONAL NO EXTINGUE RESPONSABILIDADES

Uno de los aspectos más delicados es que el cierre del Infoem no elimina las obligaciones derivadas del ejercicio de recursos públicos, por lo que las autoridades deberán garantizar la conservación de expedientes, contratos, nóminas, comprobantes y documentos necesarios para esclarecer las observaciones, además de establecer quién responderá por eventuales daños económicos y cómo se dará seguimiento a los procedimientos pendientes.

Las observaciones del OSFEM todavía deben atravesar sus respectivas etapas de aclaración y seguimiento, por lo que no constituyen automáticamente pruebas definitivas de corrupción o desvío de recursos, sin embargo, su contenido exige explicaciones puntuales y verificables, particularmente cuando involucran percepciones económicas, prestaciones adicionales y decisiones administrativas tomadas por instituciones obligadas a actuar con legalidad.

La transparencia no puede reducirse a discursos institucionales mientras permanecen pendientes las explicaciones sobre el dinero público, tampoco resulta aceptable que los organismos responsables de combatir irregularidades pretendan quedar fuera del escrutinio que corresponde aplicar a cualquier dependencia, por ello, identificar beneficiarios, cuantificar posibles pagos indebidos, esclarecer autorizaciones y establecer responsabilidades será fundamental para demostrar que la fiscalización tiene consecuencias reales y no termina convertida en otro expediente administrativo sin resultados.

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