* Delfina Gómez y Pedro Zenteno revisan prioridades de inversión federal para el próximo año, pero sin transparentar públicamente proyectos, montos ni municipios beneficiados, mientras crecen las interrogantes sobre los criterios políticos que podrían influir en la distribución de recursos……
Por Karina Rocha
En medio de las enormes necesidades que enfrenta el Estado de México y a unos meses de las elecciones de 2027, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez sostuvo una reunión con Pedro Zenteno Santaella, coordinador de los diputados federales mexiquenses de Morena, para revisar las prioridades presupuestales de la entidad, un encuentro que abre interrogantes sobre quién está definiendo realmente el destino de los recursos públicos y bajo qué criterios se decidirá qué municipios recibirán inversiones y cuáles tendrán que seguir esperando.
La reunión, realizada este miércoles 21 de octubre, abordó infraestructura, seguridad, salud, educación y programas sociales, áreas fundamentales para millones de habitantes, aunque la información difundida no precisó proyectos específicos, cantidades solicitadas, calendarios de ejecución ni criterios de distribución territorial.
Y precisamente ahí comienza el problema, porque hablar de prioridades presupuestales sin explicar cuáles son, cuánto costarán y dónde se ejecutarán, deja abierta una incógnita que adquiere especial relevancia cuando el dinero público se negocia en un escenario político dominado por Morena.
No se trata de cuestionar la coordinación entre poderes, indispensable para conseguir mayores inversiones federales, sino de exigir transparencia sobre acuerdos que comprometen el desarrollo de una entidad con 125 municipios y profundas desigualdades territoriales.
¿Presupuesto para necesidades o conveniencias políticas?
La discusión adquiere mayor relevancia porque el Paquete Económico federal 2027 ya fue presentado al Congreso de la Unión y contempla incrementos nacionales en educación, salud y seguridad, sin que esos porcentajes representen automáticamente recursos adicionales para proyectos específicos del territorio mexiquense.
Por ello, resulta indispensable conocer qué obras pretende impulsar el gobierno estatal, cuáles cuentan con estudios técnicos, cuánto financiamiento requiere y qué beneficios concretos generarían.
¿Tendrán prioridad los municipios con mayores índices de marginación?, ¿se destinarán recursos a hospitales inconclusos, redes hidráulicas deterioradas, carreteras dañadas y comunidades sin servicios?, ¿o terminarán favorecidas las localidades políticamente estratégicas de cara a la renovación de los 125 ayuntamientos y el Congreso local?.
Son preguntas legítimas que no implican afirmar que exista una distribución partidista, pero que deberían responderse antes de aprobar compromisos multimillonarios.
El problema es que, hasta ahora, el encuentro entre la mandataria mexiquense y el legislador federal ha sido presentado como un ejercicio de coordinación institucional, sin acompañarse de un documento público que permita identificar las inversiones propuestas.
Los municipios olvidados también pagan impuestos
El Estado de México enfrenta contrastes difíciles de justificar, mientras determinadas zonas concentran importantes proyectos de infraestructura, otras comunidades padecen caminos deteriorados, deficiencias en el suministro de agua, drenajes insuficientes, escuelas con carencias y servicios médicos rebasados.
En municipios como Ecatepec, Neza hualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Naucal pan persisten demandas de infraestructura y seguridad, mientras regiones rurales del sur y norte mexiquense requieren inversiones que atiendan rezagos acumulados durante años.
La pregunta es si esas necesidades serán determinantes al asignar recursos o si prevalecerá la capacidad de negociación política de los representantes federales y autoridades municipales.
Porque un presupuesto verdaderamente social no debería depender de cercanías partidistas, fotografías oficiales ni relaciones personales, sino de diagnósticos verificables, indicadores de pobreza, población beneficiada y urgencia de las obras.
Tampoco puede ignorarse que los diputados federales tienen responsabilidades constitucionales frente a toda la población, independientemente del partido que gobierne cada municipio.
Por eso, la interlocución con Pedro Zenteno debe traducirse en propuestas públicas y fiscalizables, no solamente en acuerdos anunciados mediante comunicados que destacan coincidencias políticas sin explicar compromisos financieros.
El fantasma electoral sobre el dinero público
La cercanía del proceso electoral de 2027 agrega otra dimensión al debate, porque las inversiones públicas pueden adquirir una relevancia política considerable cuando coinciden con campañas, aspiraciones municipales y disputas por candidaturas.
Eso no convierte automáticamente una asignación presupuestal en irregular, pero obliga a establecer mecanismos que impidan utilizar programas y obras como instrumentos de promoción partidista.
La gobernadora Delfina Gómez y la representación federal mexiquense tienen la oportunidad de publicar una cartera de proyectos con montos, municipios beneficiarios, criterios técnicos, responsables y plazos.
También deberían explicar qué solicitudes quedaron descartadas y por qué, pues la transparencia no consiste únicamente en anunciar lo aprobado, sino en justificar las decisiones.
Los mexiquenses necesitan conocer quién propone, quién decide, quién supervisa y quién responde cuando las inversiones prometidas no se concretan.
Porque mientras las autoridades hablan de coordinación y transformación, miles de familias siguen esperando servicios indispensables que no pueden continuar subordinados a las negociaciones políticas.
El presupuesto de 2027 no debe convertirse en un reparto de favores ni en una herramienta electoral, sino en una respuesta verificable a las necesidades de la población, porque el dinero público pertenece a los mexiquenses, no a los partidos ni a quienes temporalmente ocupan el poder.
La nota está planteada como una investigación crítica sobre la transparencia presupuestal, sin presentar como hechos comprobados posibles favoritismos o irregularidades. La reunión fue reportada este 21 de octubre y el Paquete Económico federal 2027 fue entregado el 8 de septiembre.
