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Por Mireya Álvarez
La dirigente estatal del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, lanzó una severa acusación contra el gobierno estatal al denunciar presuntas irregularidades, sobrecostos y adjudicaciones directas en contratos del sector salud que, según afirmó, podrían superar los mil 300 millones de pesos.
Durante una conferencia de prensa, la líder priista calificó la situación como un “escándalo” al asegurar que los recursos destinados a la atención médica de los mexiquenses habrían sido utilizados para favorecer negocios privados mientras hospitales y clínicas enfrentan carencias de medicamentos, insumos y personal.
“Lo que está en juego es la vida de las personas, mientras miles de familias hacen filas interminables para conseguir una consulta o un medicamento, se entregan contratos millonarios que a todas luces generan sospechas de corrupción”, sostuvo.
Uno de los principales señalamientos se centra en contratos otorgados a la empresa Broxel para la dispersión de apoyos y prestaciones a trabajadores de la salud mediante monederos electrónicos.
De acuerdo con Ruiz Sandoval, entre 2024 y 2025 la compañía habría recibido cinco contratos por un monto conjunto de 497 millones de pesos, todos mediante adjudicación directa, ante ello, cuestionó la necesidad de utilizar intermediarios privados para entregar recursos públicos ya etiquetados, al considerar que dichos pagos podrían realizarse directamente a los beneficiarios.
Además, señaló presuntas inconsistencias entre los montos contratados y las cantidades que, según información oficial difundida por las propias autoridades, habrían sido entregadas a los trabajadores.
En el caso del denominado “Bono Salud”, afirmó que la cantidad reportada como distribuida no coincide con el monto total contratado, situación que, dijo, genera interrogantes sobre el destino de varios millones de pesos.
Otro de los casos expuestos involucra a la empresa Línea Médica del Sur S.A. de C.V., originaria de Tabasco, que habría recibido un contrato por 252 millones de pesos para operar cinco caravanas de salud.
Según la dirigente priista, el monto representa más de 50 millones de pesos por cada caravana, cifra que calificó como excesiva; asimismo, señaló que la misma empresa obtuvo posteriormente otro contrato por más de 22 millones de pesos para la renta de unidades móviles destinadas a la detección de enfermedades en hombres.
En conjunto, aseguró, los recursos asignados a dicha compañía superan los 275 millones de pesos para servicios prestados durante un periodo aproximado de tres meses.
Entre las denuncias más llamativas destaca un contrato por casi 195 millones de pesos relacionado con una campaña de vacunación realizada entre octubre y diciembre de 2025.
La también senadora afirmó que el convenio contemplaba gastos logísticos como unidades móviles, mobiliario, alimentos, material promocional y papelería, pero no la adquisición de vacunas.
“Se gastaron casi 200 millones de pesos en todo menos en lo más importante, las vacunas…La empresa beneficiada, Mexus Hospitalaria S.A. de C.V., también habría recibido otro contrato por cerca de 198 millones de pesos para la adquisición de ventiladores médicos.
Según la dirigente, un análisis realizado por su equipo encontró diferencias significativas respecto a precios de mercado, lo que podría representar un sobrecosto cercano al 80 por ciento.
La líder del PRI también cuestionó un contrato por 199.6 millones de pesos para la instalación de paneles solares y sistemas de calentamiento de agua en unidades médicas.
De acuerdo con su exposición, el procedimiento se desarrolló en menos de un mes: la convocatoria fue emitida el 5 de diciembre de 2025, el fallo se dio a conocer el 12 de diciembre y el contrato fue firmado el 27 de diciembre.
Lo que calificó como “inverosímil” es que los trabajos supuestamente debían estar concluidos y entregados antes del 31 de diciembre del mismo año.
“Queremos saber en qué hospitales se instalaron, quién supervisó los trabajos y cómo se realizaron todos los trámites necesarios en tan poco tiempo”, cuestionó.
Ante estos señalamientos, el PRI exigió la apertura de investigaciones administrativas y penales para esclarecer el destino de los recursos públicos.
Entre las demandas planteadas se encuentran auditorías a los contratos señalados, revisión de adjudicaciones directas, transparencia sobre proveedores y entregables, así como posibles sanciones en caso de acreditarse irregularidades.
Cristina Ruiz sostuvo que las denuncias buscan evidenciar presuntas prácticas que, a su juicio, han contribuido al deterioro del sistema de salud estatal.
“Hoy vemos hospitales sin medicamentos, sin insumos y sin personal suficiente, mientras los contratos millonarios siguen apareciendo. Con la salud de las familias mexiquenses no se juega”, concluyó.
