La expedición de 44 títulos de propiedad de terrenos pertenecientes al Ayuntamiento de Mulegé, presuntamente destinados a funcionarios, cónyuges y familiares durante las últimas semanas de una administración municipal, derivó, ocho años después, en la vinculación a proceso por peculado de la exalcaldesa panista Cecilia ‘N’ y de cuatro exservidores públicos.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Baja California Sur informó que un juez de Control con sede en Santa Rosalía vinculó a proceso a la expresidenta municipal del XV Ayuntamiento de Mulegé, así como a Ileana Enriqueta ‘N’, Luis Alberto ‘N’, Olegario ‘N’ y Gibrán Francisco ‘N’, por hechos que la ley señala como delito de peculado.
Cecilia López González llegó a la presidencia municipal de Mulegé en 2015 como candidata del Partido Acción Nacional (PAN), de acuerdo con registros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El caso involucra bienes de uno de los territorios municipales más extensos del país. Mulegé tiene una superficie superior a los 32 mil kilómetros cuadrados y representa alrededor del 45 por ciento del territorio de Baja California Sur. Documentos oficiales del Congreso estatal lo identifican como el segundo municipio con mayor extensión territorial de México.
Como parte de la resolución, el juez impuso a las cinco personas vinculadas la prohibición de salir del país sin autorización y restricciones para acercarse o comunicarse con determinadas personas, víctimas, ofendidos o testigos.
Además, concedió a la Fiscalía Anticorrupción un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía informó que las investigaciones continúan debido a que existen otros exservidores públicos del XV Ayuntamiento de Mulegé que presuntamente recibieron títulos de predios cuando existían restricciones legales para hacerlo.
Las cinco personas vinculadas a proceso mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, las operaciones ocurrieron entre agosto y septiembre de 2018, días antes de que concluyera la administración encabezada por Cecilia ‘N’.
La autoridad sostiene que la entonces presidenta municipal y otros integrantes de su gobierno participaron conjuntamente en la expedición de 44 títulos de propiedad de bienes inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento, presuntamente para beneficio propio, de cónyuges o familiares consanguíneos.
Entre los casos detallados por la Fiscalía se encuentran cuatro predios de 776 metros cuadrados cada uno en el Fundo Legal de Guerrero Negro, que en conjunto suman tres mil 104 metros cuadrados.
De acuerdo con la Fiscalía, uno de esos terrenos habría sido titulado a favor de la entonces presidenta municipal Cecilia ‘N’, mientras que los otros tres correspondieron a su esposo, una hija y un hijo.
La institución también menciona un predio de 240 metros cuadrados relacionado con quien se desempeñaba como síndico municipal, Gibran Francisco ‘N’, además de otros terrenos incluidos entre los títulos investigados.
La Fiscalía señaló que realizó inspecciones en los lugares donde se encuentran los terrenos y solicitó información a dependencias públicas para revisar los registros de propiedad.
De acuerdo con la investigación, durante esas diligencias fueron detectadas cancelaciones de títulos de propiedad y operaciones de venta posteriores. La Fiscalía sostiene que esos movimientos permitieron reconstruir el rastro de las asignaciones efectuadas en 2018.
La institución agregó que algunos de los predios fueron posteriormente enajenados a familiares de los imputados, operaciones que, de acuerdo con la investigación, estaban sujetas a restricciones legales y requerían aprobación del Cabildo de Mulegé.
Los señalamientos sobre el manejo de terrenos municipales surgieron desde el cambio de administración ocurrido en 2018.
Tras concluir el gobierno encabezado por Cecilia López González, José Felipe Prado Bautista asumió la presidencia municipal de Mulegé. Prado había ganado la elección de ese año como candidato de Nueva Alianza, de acuerdo con los registros oficiales del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
Durante el proceso de entrega-recepción de aquella administración, comenzaron a hacerse públicas irregularidades relacionadas con operaciones sobre terrenos municipales, posteriormente denunciadas y sujetas a investigación.
La causa penal que ahora llegó ante un juez se concentra, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, en 44 títulos de propiedad expedidos durante los últimos meses de la administración 2015-2018.
