La organización Que Siga la Democracia presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negarles el registro como partido político nacional por irregularidades en sus gastos, ingresos y afiliaciones.
Édgar Garza Ancira, presidente de Que Siga la Democracia, afirmó que contrario a lo que concluyó el Consejo General INE, la agrupación cumplió con los requisitos exigidos por la ley y por ello la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó su prerregistro el 24 de junio.
Garza Ancira acusó que PAZ y Somos México, las dos agrupaciones a las que el Consejo General del INE si les otorgó el registro el pasado 25 de junio, incurrieron en las mismas irregularidades por las que el árbitro electoral le negó el registro a Que Siga la Democracia.
Por lo anterior, dijo confiar en que los magistrados de la Sala Superior le corregirán la plana a los consejeros electorales y Que Siga la Democracia será el tercer nuevo partido político que estará en los comicios del 2027.
René Quiñones, abogado de Que Siga la Democracia, explicó que con el recurso buscan revocar tres determinaciones del INE: el dictamen de fiscalización que sancionó a la organización por un millón 232 mil pesos por diversas irregularidades; la sanción por 92 afiliaciones que tenían inconsistencias; y la negativa del registro que dijo afecta los derechos político-electorales de las 302 mil personas que decidieron afiliarse a la agrupación.
En cuanto a las 92 afiliaciones que tenían inconsistencias, René Quiñones calificó la decisión como desproporcionada pues dijo que “fueron consideradas indebidamente por el INE para negar el registro como partido político nacional”.
En cuanto a la fiscalización, acusó que el INE no trae una motivación en la resolución que se aprobó por mayoría y recordó que “no todos los consejeros estuvieron de acuerdo porque no son de la magnitud suficiente para poder negar el registro a una agrupación”.
Insistió en la acusación de que la negativa de otorgarles el registro como partido político es una violación de derechos político-electorales de 302 mil personas, derecho de afiliación que dijo “no se puede vulnerar por meras presunciones o suposiciones que tiene el Instituto Nacional Electoral sin mayor prueba”.
