* Una jueza del Poder Judicial ratificó la prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria……
Por Martha Romero
La decisión de una jueza del Poder Judicial del Estado de México de vincular a proceso a doce exservidores públicos por su presunta participación en una red de venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación representa uno de los mayores escándalos administrativos que ha enfrentado el sistema educativo mexiquense en los últimos años, porque las investigaciones describen un esquema que, lejos de tratarse de hechos aislados, habría funcionado durante varios años con una estructura organizada, niveles de mando claramente definidos y la participación de funcionarios responsables precisamente de garantizar la legalidad en la asignación de plazas.
La juzgadora determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal por los delitos de fraude y abuso de autoridad, además de ratificar la prisión preventiva justificada para los imputados en el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, asimismo fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 26 de agosto.
Un sistema diseñado para lucrar con la educación
De acuerdo con la información presentada por el Ministerio Público, fueron 45 datos de prueba los que permitieron sustentar la existencia de un presunto entramado delictivo que habría comenzado desde el año 2021, un periodo suficientemente amplio para evidenciar que, si las acusaciones llegan a confirmarse, durante años existieron controles administrativos incapaces de detectar o impedir un mecanismo que presuntamente convirtió las plazas docentes en mercancía.
El señalamiento resulta especialmente grave porque cada plaza irregular no solo representa un posible beneficio económico indebido para quienes participaron en el esquema, sino también una oportunidad arrebatada a docentes que buscaron ingresar mediante procedimientos legales, concursos y evaluaciones, afectando directamente la credibilidad de un sistema educativo que debería sustentarse en principios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades.
Una cadena de mando perfectamente identificada
Las investigaciones ubican como presunto responsable principal a Óscar “N”, exsubsecretario de Administración y exdirector de Personal del gobierno estatal, a quien se atribuye la creación y consolidación de la estructura, además de fungir como enlace para la asignación de plazas docentes inexistentes.
Junto con él aparecen Alfredo “N” y Daniel Arturo “N”, exdelegados administrativos del Subsistema de Educación, identificados como presuntos integrantes de la cadena de mando encargada de coordinar la entrega de recursos y la operación del esquema.
La carpeta de investigación también señala a David “N”, Araceli “N”, Juan Alberto “N”, Yunuen “N”, Fabiola Lidia “N”, Cristopher “N” y Diego Emanuel “N”, quienes presuntamente realizaban el reclutamiento de interesados y gestionaban las altas irregulares dentro del sistema informático para crear espacios docentes inexistentes, además de Óscar “LT”, capturista, y Daniel “RL”, secretario particular de la Dirección General de Personal.
La descripción de funciones atribuida a cada uno muestra, de acuerdo con la investigación ministerial, una presunta operación coordinada donde cada participante habría desempeñado tareas específicas, situación que ahora deberá acreditarse plenamente durante el proceso judicial.
La investigación apenas comienza
Uno de los aspectos más delicados del caso es que la investigación financiera apenas inicia y alcanzará tanto a los exfuncionarios detenidos como a las 168 personas que, de acuerdo con las autoridades, habrían resultado beneficiadas mediante la asignación de 324 plazas ficticias.
El análisis del origen y destino de los recursos económicos será determinante para establecer el posible flujo del dinero, identificar intermediarios y esclarecer si existieron redes adicionales de colaboración o mecanismos para ocultar las operaciones financieras derivadas del presunto fraude.
Al mismo tiempo permanecen vigentes órdenes de aprehensión contra Rodolfo López Vives, exdirector General de Personal, Jaime Noé Hernández Bocanegra, quien ocupó ese mismo cargo durante 2024 y 2025, Yuridia Arizmendi Calderón, coordinadora de Delegados Administra tivos, así como Eduardo Flores Archundia, exdirector de Sistemas y Tecnologías de la Información, quienes continúan prófugos.
Las autoridades también mantienen abierta la línea de investigación respecto de Anthony Domínguez Vargas, exalcalde de Tejupilco, exdiputado local y excoordinador de Delegaciones Administrativas de la Secretaría de Educa-ción, cuya posible participación deberá determinarse conforme avance la integración de la carpeta de investigación.
La confianza institucional está en juego
Más allá de las responsabilidades individuales que determine un juez al concluir el proceso, el caso exhibe una profunda falla en los mecanismos internos de supervisión y control de una dependencia encargada de administrar uno de los sectores más importantes para el desarrollo del Estado de México.
Si una presunta red de esta magnitud logró operar durante varios años sin ser detectada oportunamente, resulta inevitable que surjan cuestionamientos sobre la eficacia de los procesos de auditoría, los controles administrativos y las áreas encargadas de vigilar la correcta asignación de plazas.
El avance del proceso penal representa apenas el primer paso, porque el verdadero desafío será esclarecer el alcance total de la presunta operación, recuperar los recursos que eventualmente hayan sido obtenidos de manera ilícita, revisar cada una de las plazas involucradas y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan, al mismo tiempo que se fortalezcan los mecanismos institucionales para evitar que un esquema similar vuelva a repetirse dentro del sistema educativo mexiquense.