* Congreso corrige ley mal hecha tras fallo que exhibe discrecionalidad y vacíos legales……
Por Mary González
El Congreso del Estado de México inició en comisiones la revisión de la Ley de Justicia Cívica, no por voluntad propia, sino empujado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó diversos artículos por violar principios básicos como la certeza jurídica, el episodio no solo obliga a corregir la norma, también deja al descubierto la fragilidad con la que se legisla en la entidad.
Origen de una norma defectuosa
La iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez llega como una respuesta tardía a una legislación que desde su origen arrastraba problemas de redacción y alcances, la Corte no hizo más que confirmar lo evidente, que varios de sus artículos abrían la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de autoridades municipales.
Entre los puntos más cuestionados está la fracción que sancionaba conductas como “faltar al respeto” mediante agresiones verbales, una redacción ambigua que convertía una percepción subjetiva en motivo de sanción, otorgando a funcionarios locales un margen de discrecionalidad que fácilmente podía derivar en abusos.
El fallo de la Corte fue claro, esa disposición carecía de precisión y contravenía el principio de legalidad, al no definir con claridad qué conductas eran sancionables, un recordatorio contundente de que legislar sin rigor tiene consecuencias jurídicas y sociales.
Poder sin límites claros
La invalidación no es un hecho menor, es la confirmación de que durante años se permitió la aplicación de una norma que podía ser utilizada de manera arbitraria, en un contexto donde la justicia cívica debería ser el primer contacto entre ciudadanía y autoridad, lo que se ofrecía era incertidumbre y riesgo de abuso.
Lejos de garantizar orden, la ley abría espacios para sancionar conductas bajo criterios subjetivos, lo que en la práctica podía traducirse en castigos desproporcionados o incluso en mecanismos de control social disfrazados de regulación administrativa.
Errores que cruzan competencias
Otro de los puntos que obligaron a la corrección legislativa fue el registro de personas infractoras, la legislación estatal incorporaba elementos relacionados con detenciones, un ámbito que corresponde exclusivamente a la federación a través del Registro Nacional de Detencio nes, lo que derivó en la invalidez de este componente.
La Corte estableció que los estados no pueden invadir competencias federales, una precisión que evidencia nuevamente la falta de técnica legislativa en la elaboración de la norma, donde se mezclaron atribuciones sin considerar los límites constitucionales.
Ajustes sobre una base frágil
Ante este escenario, el Congreso busca ahora reconfigurar el esquema, eliminando las disposiciones sin efectos jurídicos y proponiendo un nuevo modelo basado en un registro municipal de infracciones, enfocado en conductas y sanciones, con fines estadísticos y administrativos.
El planteamiento pretende que los municipios cuenten con información para identificar reincidencias y ajustar medidas sin incurrir en invasiones de competencia, sin embargo, la corrección llega después de que la ley ya fue aplicada bajo criterios cuestionables, dejando en el aire cuántos casos pudieron haber sido afectados por disposiciones inválidas.
Reconocimiento a medias
Durante la discusión en comisiones, legisladores reconocieron que los ajustes responden directamente a la resolución judicial, pero también admitieron que la Ley de Justicia Cívica requiere una revisión más profunda, el problema no es solo un artículo mal redactado, sino un diseño normativo que permite interpretaciones amplias y desiguales entre municipios.
La falta de criterios homologados ha generado que cada ayuntamiento aplique la ley de manera distinta, lo que rompe con el principio de igualdad ante la ley y convierte la justicia cívica en un sistema fragmentado.
Lecciones que no se asumen
El proceso que ahora se desarrolla deja una lección incómoda, el Congreso no está corrigiendo por iniciativa propia sino por obligación judicial, la intervención de la Corte evidenció fallas que debieron ser detectadas desde la elaboración de la ley, pero que pasaron inadvertidas o fueron ignoradas.
Este tipo de episodios no solo debilitan la confianza en las instituciones, también revelan una práctica recurrente, legislar sin el rigor necesario y corregir después, cuando el daño ya está hecho.
Una reforma bajo sospecha
El análisis continuará en comisiones con la elaboración del dictamen que será presentado al pleno, donde se definirá el nuevo alcance de la Ley de Justicia Cívica en el Estado de México, sin embargo, el reto no es solo ajustar artículos, sino reconstruir una norma que garantice certeza, limite la discrecionalidad y respete el marco constitucional.
Porque más allá de la corrección técnica, lo que está en juego es la credibilidad del sistema legal, una ley que necesita ser invalidada por la Corte para ser corregida no solo es un error legislativo, es una señal de alerta sobre la forma en que se construyen las reglas que rigen la vida pública.
