* Las denuncias por extorsiones, venta de privilegios y presunta protección institucional exhiben un posible colapso del control estatal dentro del sistema penitenciario mexiquense……
Por la Redacción de unomásuno
Segunda Parte
Las denuncias sobre la presunta operación de una red de co-rrupción dentro del penal de Santiaguito trascienden la conducta de uno o varios internos. Si los señalamientos resultan ciertos, el problema alcanzaría a toda la estructura encargada de vigilar, supervisar y garantizar el funcionamiento del sistema penitenciario mexiquense. La venta de privilegios, las extorsiones y la posible tolerancia institucional no sólo vulneran los derechos de las personas privadas de la libertad, también representan un riesgo para la seguridad pública al permitir que actividades ilícitas continúen operando desde el interior de un centro de reclusión.
Violencia como mecanismo de control
Entre los aspectos más delicados de la denuncia se encuentran los testimonios de familiares que aseguran que los internos que se niegan a pagar las cuotas son víctimas de amenazas, agresiones físicas, aislamiento o diversos castigos.
Los denunciantes sostienen que estas acciones serían ejecutadas por un grupo de internos presuntamente encabezado por “El Chino”, con la participación de otras personas identificadas únicamente mediante apodos.
Hasta el momento esas afirmaciones no han sido corroboradas por una investigación oficial, por lo que corresponde exclusivamente a las autoridades determinar si dichas personas participaron o no en los hechos denunciados.
Precisamente por ello resulta indispensable que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realice entrevistas protegidas a internos, familiares y personal penitenciario, evitando cualquier posible represalia contra quienes decidan colaborar.
En este tipo de investigaciones, el silencio suele convertirse en uno de los principales aliados de la impunidad.
Señalamientos contra funcionarios
Las denuncias también hacen referencia a diversos servidores públicos del sistema penitenciario mexiquense, quienes presuntamente habrían tolerado o permitido la operación de esta estructura al interior del penal.
Los escritos mencionan al director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y a otros mandos operativos, señalando su-puestas reuniones con el interno identificado como “El Chino”.
Hasta el momento no existen documentos públicos que acrediten esos encuentros ni que demuestren participación alguna de los funcionarios mencionados en actividades ilícitas.
Sin embargo, la gravedad de las acusaciones obliga a revisar bitácoras de acceso, registros administrativos, sistemas de videovigilancia, partes informativos y cualquier otro elemento que permita esclarecer los hechos.
Investigar no significa condenar anticipadamente. Significa verificar, documentar y determinar responsabilidades con base en pruebas.
Una denuncia que no surge de la nada
Las recientes acusaciones tampoco aparecen de manera aislada.
Desde 2025 familiares de personas privadas de la libertad denunciaron públicamente presuntas extorsiones, abusos y cobros ilegales dentro del penal de Santiaguito.
Aquellas denuncias derivaron en investigaciones por parte de organismos defensores de derechos humanos.
Hoy, un año después, resurgen nuevos testimonios que describen un esquema mucho más amplio, donde las cuotas presuntamente abarcan desde espacios para dormir hasta la renta de teléfonos celulares, el ingreso de mercancías y diversos privilegios.
Esa coincidencia obliga a formular preguntas que aún permanecen sin respuesta.
¿Qué ocurrió con las investigaciones iniciadas el año anterior?.
¿Existieron sanciones administrativas?.
¿Algún servidor público fue separado del cargo?.
¿Se presentaron denuncias penales?.
Responder a esos cuestionamientos resulta indispensable para recuperar la confianza ciudadana.
El hacinamiento favorece la corrupción
El Estado de México mantiene desde hace varios años uno de los sistemas penitenciarios más saturados del país.
La sobrepoblación genera condiciones que dificultan la vigilancia, incrementan los conflictos internos y favorecen la aparición de mercados ilegales donde prácticamente todo puede convertirse en mercancía.
Cuando cientos de personas comparten espacios insuficientes, una cama, un área para dormir, una llamada telefónica o una visita pueden transformarse en objetos de negociación para quienes logran controlar la vida cotidiana dentro del penal.
La saturación no justifica la corrupción, pero sí crea condiciones que pueden facilitar el fortalecimiento de grupos internos capaces de imponer reglas paralelas.
Por ello, cualquier estrategia para combatir estas prácticas debe contemplar no sólo acciones policiales, sino también políticas públicas dirigidas a reducir el hacinamiento, fortalecer los controles internos y mejorar la supervisión permanente de los centros penitenciarios.
El Estado debe recuperar el control
Las denuncias conocidas en torno a Santiaguito exigen una respuesta institucional firme, transparente y sustentada en investigaciones técnicas.
No bastan operativos previamente anunciados ni decomisos aislados que únicamente atiendan los efectos del problema.
Resulta necesario realizar revisiones sorpresa, peritajes tecnológicos sobre equipos de comunicación, investigaciones patrimoniales, auditorías administrativas y protección efectiva para denunciantes y testigos.
También corresponde esclarecer cualquier denuncia relacionada con posibles agresiones sexuales, respetando en todo momento la identidad de las presuntas víctimas y garantizando investigaciones imparciales.
Una prisión no puede convertirse en un espacio donde la ley sea sustituida por cuotas, privilegios y estructuras paralelas de poder.
Si las acusaciones son falsas, deberán descartarse mediante investigaciones objetivas. Si son verdaderas, las responsabilidades deberán alcanzar tanto a quienes ejecutaron las conductas ilícitas como a quienes, por acción u omisión, permitieron que ocurrieran.
La reinserción social sólo puede construirse cuando el Estado mantiene el control de sus centros penitenciarios. Cuando ese control se pierde y la corrupción sustituye a la autoridad, no sólo fracasa el sistema penitenciario; también se debilita la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de impartir justicia.
