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SECTI: venta de plazas habría generado daño por 42 mdp

* Hasta el momento han sido detenidos nueve exfuncionarios, cuatro más están prófugos de la justicia……

Por Martha Romero

El daño al erario por la venta de plazas de docentes al interior de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) estatal, únicamente en el 2025, ascendería a más de 42 millones de pesos, ello por la creación de 324 plazas designadas a supuestos profesores mexiquenses.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la organización operó entre 2021 y 2025 a través de la creación de plazas irregulares para falsos docentes, cuyos salarios eran depositados en tarjetas bancarias que después eran utilizadas por los integrantes del esquema para retirar el dinero y repartirse los recursos.

Las Investigaciones arrojaron que el entramado delictivo se creó en la Dirección General de Personal de Oficialía Mayor y el Subsistema de Educación en el 2021 y si bien fue en un sexenio priista, continuó en el gobierno morenista actual.

En la carpeta de investigación se señala a Óscar “N”, exsubsecretario de Administración y exdirector de Personal del gobierno estatal, quien creó y consolidó la estructura, además de que fue el enlace para las plazas docentes fantasmas. Mientras que Alfredo “N” y Daniel Arturo “N”, ambos exdelegados administrativos del Subsistema de Educación, eran quienes ostentaban la cadena de mando y los coautores activos al entregar los recursos.

Los exservidores públicos llevaron a cabo 324 movimientos de altas de docentes en beneficio de 168 personas, sin expedientes y adscritos a espacios en escuelas secundarias inactivas desde el 2007 o inexistentes.

El fraude se identificó luego de que en una inspección en la base de datos y en los lugares de trabajo donde era inexistente dicho personal, y se detecto principalmente en las regiones de Texcoco, Nezahualcóyotl, Amecameca, Cuautitlán, Ecatepec, Metepec, Naucalpan, Toluca y Valle de Bravo.

El testigo principal, Juan Manuel Popoca, exservidor público en la delegación Administrativa del Subsistema de Educación Básica, fue quien exhibió el esquema delictivo en marzo de este año, sin embargo, falleció el pasado 3 de abril.

En sus declaraciones, exhibió su estado de cuenta bancaria del 20 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, tiempo en el que recibió depósitos cercanos a los dos millones de pesos. Además, aseguró que por la venta de las plazas las supuestas ganancias ascendían a más de cinco millones de pesos mensuales.

El modus operandi era que a través de 324 movimientos en nómina dieron de alta a 168 personas que, sin reunir los requisitos, se les adjudicó una plaza de profesor, en algunos casos doble, es decir, una en el turno vespertino y otra en el nocturno sin que se presentaran a trabajar.

Los salarios oscilaban entre 30 y 70 mil pesos quincenales, pero para manejar los recursos retenían las tarjetas bancarias y de los recursos apenas entregaban tres mil pesos mensuales, mientras que el resto del dinero era retirado en los cajeros automáticos por parte de los hoy detenidos.

Hasta el momento, una jueza con residencia en Almoloya de Juárez dictó prisión preventiva justificada a Oscar “N”, Daniel Arturo “N”, David “N”, Araceli “N”, Juan Alberto “N”, Alfredo “N”, Yunuen “N”, Fabiola “N” y Cristopher “N”, quienes de acuerdo con la causa penal 1288/2026, vendían plazas de profesores de la SECTI, los probables delitos que cometieron es abuso de autoridad y fraude.

Los prófugos son Rodolfo López Vives, quien se desempeñó como director general de Personal tras la salida de Óscar “N” hacia la subsecretaría de Administración, así como Jaime Noé Hernández Bocanegra, titular de la dirección General de Personal durante 2024 y 2025.

También esta prófuga Yuridia Arizmendi Calderón, coordinadora de delegados Administrativos de la Dirección General de Personal, y Eduardo Flores Archundia, director de Sistemas y Tecnologías de la Información.

Las autoridades mantienen la búsqueda de los cuatro exfuncionarios para ponerlos a disposición de un juez y que enfrenten el proceso penal correspondiente.

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