* Mientras el gobierno mexiquense reporta una reducción de 15.5 por ciento en la incidencia delictiva, la comparecencia de Cristóbal Castañeda Camarillo ante el Congreso local exhibió insuficiencia policial, desapariciones, corrupción y saturación penitenciaria, problemas que mantienen abiertas las dudas sobre los resultados de la estrategia de seguridad……
Por Martha Romero
La reducción de delitos, los operativos contra organizaciones criminales y las inversiones millonarias en equipamiento fueron los principales resultados presentados por el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, ante el Congreso local, sin embargo, los avances estadísticos contrastan con la percepción de inseguridad, las desapariciones, la insuficiencia de policías y la presencia de grupos delictivos que continúan afectando a miles de familias mexiquenses.
Durante la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, el funcionario reportó una disminución de 15.5 por ciento en la incidencia delictiva general, además de reducciones de 21.8 por ciento en homicidios, 30.74 por ciento en robo de vehículos, 13.56 por ciento en robos en calles y transporte, así como 64 por ciento en extorsión.
Aunque estas cifras representan avances en los indicadores oficiales, los cuestionamientos legislativos evidenciaron que disminuir las denuncias no necesariamente significa que la población viva con mayor tranquilidad, especialmente cuando persisten delitos que rara vez llegan al conocimiento de las autoridades.
El diputado perredista Omar Ortega Álvarez advirtió que aproximadamente nueve de cada diez delitos no se denuncian, situación que obliga a interpretar con cautela las estadísticas, mientras legisladores de otras bancadas cuestionaron las condiciones reales de seguridad en colonias, carreteras y comunidades.
Faltan policías y respuestas sobre desapariciones
Uno de los reconocimientos más significativos fue la insuficiencia de personal, pues Castañeda Camarillo señaló que la corporación dispone de aproximadamente 16 mil policías operativos, cuando necesitaría alrededor de 32 mil para alcanzar la cobertura estimada.
La diferencia representa un desafío para garantizar vigilancia permanente en los 125 municipios, particularmente en zonas donde las organizaciones delictivas mantienen presencia y los habitantes demandan respuestas oportunas.
Aunque se contempla incorporar más de mil 300 elementos durante 2026, quedó pendiente conocer el crecimiento efectivo de la corporación después de considerar jubilaciones, renuncias y separaciones.
En materia de desapariciones, la diputada panista Johana Felipe Torres planteó cuestionamientos sobre mujeres no localizadas y atención a víctimas, mientras el secretario destacó 166 intervenciones del Operativo Violeta y atención a más de 27 mil mujeres, resultados preventivos que no sustituyen la necesidad de transparentar los avances en búsqueda, localización e investigación.
La problemática exige coordinación institucional, pero también indicadores que permitan conocer cuántas familias obtuvieron respuestas y cuántos casos permanecen pendientes.
Millonaria inversión frente a carencias operativas
El funcionario informó una inversión superior a 491 millones de pesos destinada al fortalecimiento policial, incluidos nueve vehículos blindados y un helicóptero Black Hawk, además de destacar la operación de más de 20 mil cámaras de videovigilancia y 111 arcos carreteros.
Asimismo, reportó mil 36 armas recolectadas mediante programas de canje, capacitación de más de 40 mil elementos y acciones de prevención dirigidas a jóvenes.
No obstante, la adquisición de equipamiento y el número de operativos no permiten determinar, por sí mismos, la efectividad de la estrategia, pues resulta indispensable conocer los tiempos de respuesta, las detenciones que derivaron en procesos judiciales y los territorios donde disminuyó efectivamente la presencia criminal.
En el combate a la extorsión, Seguridad reportó haber evitado afectaciones económicas por 289 millones de pesos mediante intervenciones de la Policía Cibernética, aunque corresponde precisar los mecanismos utilizados para calcular esas cantidades.
Corrupción y penales, pendientes estructurales
La depuración policial también generó cuestionamientos, después de que el secretario informara que 125 elementos fueron separados por malas actuaciones y otros 168 sancionados, sin que quedara suficientemente esclarecido cuántos procedimientos derivaron en responsabilidades penales.
Movimiento Ciudadano solicitó información sobre expedientes relacionados con abusos de autoridad, extorsión y corrupción, mientras Morena cuestionó la situación administrativa y operativa del CUSAEM.
Por su parte, el PT señaló las condiciones penitenciarias, donde la sobrepoblación, los riesgos de violencia interna y las deficiencias de infraestructura representan desafíos que requieren soluciones permanentes.
La comparecencia dejó resultados oficiales que deberán contrastarse con indicadores independientes, pero también preguntas pendientes cuya respuesta corresponde exigir al Congreso mediante mecanismos efectivos de fiscalización.
Porque reducir delitos constituye un objetivo indispensable, aunque la verdadera medida de la seguridad pública no puede limitarse a estadísticas, patrullas o detenciones, sino que debe reflejarse en la tranquilidad cotidiana y la protección efectiva de los mexiquenses.
