* Aunque el gobierno mexiquense re porta reducción de la deuda pública y mayores ingresos sin crear nuevos impuestos, la comparecencia de Óscar Flores Jiménez dejó interrogantes sobre subejercicios, contratos multimillonarios, obras pendientes y el paradero de recursos destinados a salud e infraestructura……
Por Martha Romero
La reducción de la deuda pública, el incremento de los ingresos propios y la disciplina presupuestal fueron los principales resultados que presumió el secretario de Finanzas del Estado de México, Óscar Flores Jiménez, durante su comparecencia ante el Congreso local, sin embargo, detrás de las cifras favorables permanece una interrogante fundamental, cuánto de ese dinero se traduce realmente en mejores servicios, infraestructura y condiciones de vida para millones de mexiquenses.
En el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, el funcionario sostuvo que la administración estatal ha reducido su endeudamiento aproximadamente dos mil 500 millones de pesos, sin contratar nuevos créditos ni establecer impuestos adicionales, además de proyectar una disminución acumulada de tres mil millones al cierre de 2026.
También informó que el costo del servicio de la deuda disminuyó cerca de mil millones de pesos respecto a 2025 y que, durante los últimos tres años, se liberaron más de tres mil millones para atender otras necesidades, resultados que representan avances financieros, aunque no eliminan los compromisos pendientes ni garantizan, por sí mismos, una mejor ejecución presupuestal.
Los ingresos del sector central alcanzaron aproximadamente 362 mil millones de pesos, con un incremento de 46 mil millones, mientras la recaudación del impuesto sobre nómina llegó a 21 mil 541 millones y la tenencia vehicular aportó 12 mil millones, cantidades que muestran una mayor captación de recursos públicos y obligan a revisar cómo se distribuyen.
Más recaudación, pero persisten los subejercicios
El crecimiento recaudatorio también se reflejó en los municipios, donde los convenios de colaboración administrativa alcanzaron a 111 ayuntamientos, la recaudación predial llegó a siete mil millones de pesos y las participaciones distribuidas sumaron aproximadamente 43 mil millones.
Flores Jiménez destacó además 28 medidas de estímulos fiscales que, según sus estimaciones, representaron ahorros cercanos a nueve mil millones de pesos para empresas y familias, así como mejoras en indicadores nacionales de eficiencia recaudatoria.
Sin embargo, la diputada Araceli Casasola Salazar, del PRD, cuestionó los subejercicios registrados durante 2025 en las 17 secretarías estatales, situación que contrasta con las necesidades de una entidad donde persisten deficiencias en hospitales, carreteras, suministro de agua y servicios públicos.
El secretario explicó que determinadas cantidades corresponden a ahorros o economías presupuestales y señaló que alrededor de dos mil millones de pesos fueron reorientados hacia educación, salud y agua, pero quedó pendiente un desglose que permita identificar cuánto dejó de ejercer cada dependencia y qué proyectos resultaron afectados.
La diferencia es importante, porque ahorrar mediante mejores contrataciones puede representar eficiencia, mientras mantener recursos disponibles sin utilizarlos oportunamente puede significar obras retrasadas, servicios insuficientes o compromisos incumplidos.
Salud y deuda, bajo cuestionamiento
En materia sanitaria, Alejandro Castro Hernández, del PRI, solicitó aclarar el destino de más de 45 mil millones de pesos aprobados entre 2025 y 2026, así como el respaldo financiero para sostener los servicios durante la transición al IMSS-Bienestar.
A esta preocupación se suma la presión financiera cercana a 22 mil millones de pesos que enfrenta el ISSEMyM, organismo para el cual Flores Jiménez planteó reducir dicha presión hasta aproximadamente siete mil 500 millones durante el próximo año, sin que quedaran suficientemente detallados los mecanismos para conseguirlo.
Aunque el gobierno destaca que no ha contratado nuevos créditos, la deuda estatal todavía ronda los 59 mil millones de pesos, por lo que continúan vigentes obligaciones, intereses y vencimientos que deberán cubrirse con recursos públicos.
Contratos millonarios y obras bajo revisión
Otro pendiente corresponde a siete contratos de prestación de servicios y asociación público-privada, cuyo valor global ronda los 51 mil millones de pesos y que requieren pagos anuales cercanos a seis mil millones, compromisos que el gobierno analiza modificar ante las dificultades contractuales para su terminación anticipada.
En infraestructura, Finanzas reportó aproximadamente 20 mil millones de pesos para 2026, incluidos seis mil millones destinados a vialidades, mientras legisladores de Morena, PVEM y Movimiento Ciudadano solicitaron precisiones sobre bacheo, caminos y obras del Plan Oriente.
La discusión dejó una exigencia compartida por distintas bancadas: conocer cuánto dinero fue efectivamente ejercido, qué obras están concluidas y cuáles beneficios pueden comprobarse.
Porque reducir deuda y aumentar ingresos constituye un avance administrativo, pero la rendición de cuentas requiere demostrar que esos recursos llegan a la población, de lo contrario, las cifras podrán mejorar los balances financieros mientras las necesidades ciudadanas continúan esperando respuesta.
