* TEEM acredita obstrucción de sus funciones……
* Patricia Eugenia González Alcántara ha promovido 31 juicios ante el órgano electoral tras denunciar que el alcalde Jaime Torres Marín, junto con directivos municipales, le niegan insumos, personal e información clave para la fiscalización de la hacienda pública……
* Asimismo, espera la resolución del IEEM, instancia ante la que también presentó una denuncia por violencia política en razón de género……
Por Mireya Álvarez
La síndica municipal de San Felipe del Progreso, Patricia Eugenia González Alcántara, informó que ha promovido 31 juicios ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) por la negativa sistemática de información, recursos e insumos indispensables para ejercer sus funciones de vigilancia y fiscalización de la hacienda pública, situación que derivó en una resolución del órgano jurisdiccional que acreditó actos de violencia política en su contra.
En entrevista desde la ciudad de Toluca, la funcionaria señaló que la resolución, emitida el 2 de julio de 2026, responsabiliza al presidente municipal Jaime Torres Marín, así como al secretario del Ayuntamiento, al tesorero municipal y al director de Administración, por obstaculizar el desempeño de sus atribuciones como integrante del Cabildo.
“He tenido que promover 31 juicios ante el Tribunal Electoral del Estado de México para allegarme de información, documentación y recursos indispensables para cumplir las funciones de vigilancia, fiscalización y defensa del patrimonio municipal…”, declaró.
González Alcántara explicó que entre la documentación que le ha sido negada se encuentran actas de Cabildo, presupuestos, cuentas públicas, informes trimestrales, información sobre participaciones, obra pública, nómina y patrimonio municipal, elementos que calificó como indispensables para desempeñar las responsabilidades que la Ley Orgánica Municipal le confiere.
La síndica rechazó que sus acciones respondan a un conflicto personal con el alcalde o a intereses políticos.
“No es un capricho ni una confrontación personal, simplemente estoy solicitando lo mínimo indispensable para cumplir con las atribuciones que la ley me otorga”, sostuvo.
De igual manera afirmó que la obstrucción comenzó desde el inicio de la administración municipal y que, con el paso de los meses, las acciones en su contra se intensificaron; por lo que relató que primero enfrentó la negativa de información oficial y posteriormente el retiro del personal adscrito a la Sindicatura, hasta quedarse sin colaboradores y sin herramientas básicas para desempeñar su trabajo.
“Hoy me encuentro sola en la oficina. Yo hago todo: atiendo a la ciudadanía, acudo a reuniones y realizo todas las actividades sin personal que me apoye”, señaló.
La funcionaria local, también indicó incluso que tuvo que solicitar durante más de un año una impresora para su oficina y que únicamente mediante resoluciones judiciales algunas de sus peticiones comenzaron a ser atendidas.
A pesar del fallo favorable del TEEM, la síndica aseguró que las condiciones para ejercer su cargo no han mejorado sustancialmente, y explicó que la administración municipal continúa operando de manera centralizada y que las medidas ordenadas por las autoridades electorales no se han cumplido plenamente.
“Ya existe una resolución, pero se pretende subsanar como ellos quieren y no como debe de ser. Sigo sin personal y sin los recursos necesarios para desempeñar mis funciones”, manifestó.
Asimismo, informó que permanece en espera de la resolución del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), instancia ante la que también presentó una denuncia por violencia política en razón de género.
La funcionaria recordó que, conforme a la Ley Orgánica Municipal, entre sus principales responsabilidades se encuentran la vigilancia de la hacienda pública, la fiscalización del uso de los recursos municipales, la supervisión de la obra pública, el patrimonio del Ayuntamiento y la defensa de los derechos de los trabajadores y ciudadanos cuando así lo solicitan; sin embargo, sostuvo que la falta de acceso a la información limita el cumplimiento de esas obligaciones.
“Mi responsabilidad es vigilar el manejo del dinero público. Si no me entregan la información, se obstaculiza el trabajo de fiscalización que corresponde a la Sindicatura”, afirmó.
Cuestionada sobre un posible trasfondo político derivado de las aspiraciones de reelección del alcalde, González Alcántara aseguró que no ha mezclado este conflicto con su partido político.
“Yo no lo considero un tema político; es un problema administrativo. Mi compromiso es con la ciudadanía que me dio su confianza y seguiré defendiendo la transparencia”, expresó.
No obstante, recordó que Morena mantiene reglas internas respecto a quienes aspiren a cargos de elección popular y señaló que corresponderá al partido valorar las denuncias existentes.
Finalmente, la síndica reiteró que continuará desempeñando sus funciones y promoviendo las acciones legales necesarias para garantizar el acceso a la información pública y el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades electorales.
“Todo esto no me impide seguir trabajando, continuaré atendiendo a la ciudadanía y defendiendo la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, concluyó.
Cabe destacar que hasta el momento, el presidente municipal Jaime Torres Marín, ni el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, han manifestado postura alguna sobre dicha situación.
