* Once personas muertas y decenas de lesionados obligan a llevar la investigación más allá de la explosión, determinar quién autorizó, almacenó y supervisó la pirotecnia resulta indispensable para establecer responsabilidades……
Por Martha Romero
La explosión de material pirotécnico registrada durante las fiestas patronales de Santa María Canchesdá ya dejó de ser solamente una tragedia para convertirse en un severo cuestionamiento sobre las condiciones de seguridad bajo las cuales se realizan celebraciones multitudinarias en el Estado de México, el saldo aumentó a 11 personas fallecidas y 82 que requirieron atención médica, cifras que obligan a preguntar si la tragedia pudo evitarse mediante inspecciones, protocolos adecuados y un manejo responsable de los explosivos.
El estallido ocurrió la noche del sábado 5 de septiembre durante los festejos en honor a Nuestra Señora de la Luz, el material pirotécnico se encontraba almacenado en un espacio utilizado como bodega junto al templo, la detonación provocó el colapso de parte de una estructura y proyectó fragmentos de concreto hacia diferentes puntos, convirtiendo una celebración religiosa en una escena de muerte, heridos y destrucción.
Ahora resulta insuficiente limitar la respuesta institucional a atender lesionados, retirar escombros, expresar condolencias y anunciar una investigación, detrás de once personas muertas necesariamente debe establecerse una cadena de responsabilidades.
Permisos, inspecciones y responsabilidades
La investigación tendrá que responder preguntas elementales, quién autorizó la utilización de pirotecnia, qué cantidad estaba almacenada, quién verificó las condiciones del lugar, si existían permisos correspondientes, qué medidas preventivas fueron establecidas y si Protección Civil municipal realizó previamente una inspección considerando la concentración de personas prevista para los festejos.
Almacenar material explosivo cerca de un sitio donde se reúnen familias, niños y adultos mayores representa un riesgo que debió ser considerado antes de comenzar la celebración, por ello resulta fundamental conocer si existía un programa especial de Protección Civil y cuáles fueron las medidas adoptadas para separar la pirotecnia de los asistentes.
También deberá determinarse quién adquirió el material, quién estaba encargado de manipularlo y bajo qué condiciones permaneció almacenado, porque reducir lo sucedido a un “accidente” antes de concluir las investigaciones podría terminar diluyendo responsabilidades que corresponden esclarecer.
El Estado de México conoce perfectamente los riesgos asociados con la pirotecnia, durante años se han registrado explosiones, incendios, personas lesionadas y fallecimientos relacionados con su fabricación, almacenamiento y utilización, cada nueva tragedia suele generar operativos, promesas de mayor vigilancia y llamados a extremar precauciones, pero después el tiempo termina debilitando los controles hasta que otra explosión vuelve a recordar las consecuencias.
La Fiscalía deberá determinar las causas materiales del estallido, pero las autoridades administrativas tienen otra obligación igualmente importante, explicar qué controles existieron antes de aquella noche.
Once personas perdieron la vida y decenas resultaron lesionadas, por ellas no basta reconstruir cómo explotó la pirotecnia, es necesario esclarecer por qué estaba ahí, quién permitió almacenarla y qué autoridad debía asegurarse de que una fiesta patronal no terminara convertida en una tragedia.
