* Empresarios advierten que el cobro de piso, las amenazas y las extorsiones se han convertido en un impuesto criminal que golpea inversiones, empleos y negocios, mientras miles de casos permanecen ocultos por miedo a denunciar……
Por Mary González
La extorsión dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en una amenaza directa contra la economía del Estado de México, comerciantes, restauranteros, industriales, transportistas y pequeños empresarios enfrentan llamadas intimidatorias, amenazas, exigencias económicas y cobros de piso que funcionan como un auténtico impuesto criminal, mientras el tamaño real del problema permanece escondido detrás de una enorme cifra negra y del miedo de las víctimas a denunciar.
El problema resulta particularmente grave porque el Estado de México aparece entre las entidades con mayor número de casos registrados a nivel nacional, durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 3 mil 923 denuncias por extorsión, alrededor de 21 cada día, sin embargo, representantes empresariales estiman que la cifra negra alcanza aproximadamente 97 por ciento, lo que significa que los expedientes oficiales apenas permiten observar una fracción de lo que ocurre en negocios, mercados, corredores industriales y rutas de transporte.
El impuesto que cobran los delincuentes
Organizaciones empresariales han advertido que la extorsión afecta directamente la competitividad de la entidad, el problema no termina cuando un comerciante entrega dinero, cada peso destinado a pagar una amenaza deja de utilizarse para contratar trabajadores, adquirir mercancías, renovar maquinaria, ampliar instalaciones o realizar nuevas inversiones.
Para numerosos establecimientos el dilema es brutal, pagar para continuar trabajando, resistirse y exponerse a represalias o cerrar definitivamente, en cualquiera de los escenarios pierde la economía formal, pierde el empleo y pierde el Estado de México, mientras gana una delincuencia que encuentra en el miedo una fuente permanente de financiamiento.
La magnitud de los montos exigidos permite dimensionar el negocio criminal, durante apenas unas semanas de este año las autoridades mexiquenses recibieron miles de reportes relacionados con intentos de extorsión y fraude, la intervención gubernamental permitió evitar pagos superiores a 30 millones de pesos, una cantidad que inevitablemente conduce a una pregunta mucho más incómoda, cuánto dinero sí llegó a manos de los delincuentes en aquellos casos que jamás fueron denunciados.
Los reportes incluyen extorsiones telefónicas, fraudes, amenazas, extorsiones electrónicas y derecho de piso, modalidades que exhiben la capacidad de los grupos criminales para diversificar sus métodos y encontrar víctimas prácticamente por cualquier vía.
Las estadísticas no cuentan toda la historia
El discurso oficial puede destacar operativos, detenciones, llamadas atendidas y millones de pesos cuyo pago logró impedirse, resultados importantes para las víctimas protegidas, pero sería peligroso confundir esas acciones con una solución estructural, mientras empresarios y comerciantes consideren que denunciar puede significar exponerse ellos mismos, a sus familias o trabajadores, la verdadera dimensión del delito continuará fuera de las estadísticas.
Durante 2025 fueron atendidas decenas de miles de denuncias y reportes relacionados con extorsión y fraude telefónico en territorio mexiquense, municipios como Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli concentraron una parte importante de las incidencias, confirmando que el fenómeno no pertenece exclusivamente a una región, sino que alcanza tanto al Valle de Toluca como al Valle de México.
El problema tampoco puede minimizarse porque muchas amenazas se realicen mediante llamadas telefónicas, detrás de cada intimidación existe una afectación económica y psicológica, cuando la extorsión alcanza establecimientos, transporte, construcción, distribución de mercancías o actividades productivas, el daño deja de ser individual y termina trasladándose a los consumidores mediante mayores precios, pérdida de empleos y reducción de inversiones.
Denunciar todavía significa tener miedo
La cifra negra constituye quizá el indicador más incómodo, diversos diagnósticos han advertido que el cobro de piso representa una grave amenaza para el desarrollo económico y social, mientras el subregistro permanece extraordinariamente elevado principalmente por la desconfianza institucional y el temor a represalias.
Ese silencio beneficia directamente a los delincuentes, una víctima que paga y no denuncia permite que el esquema continúe funcionando, después aparece una segunda, posteriormente una tercera y finalmente zonas comerciales enteras pueden terminar aceptando el cobro criminal como parte cotidiana del costo de mantener abierto un negocio.
Por ello combatir la extorsión no puede reducirse a pedirle al ciudadano que denuncie, también debe garantizarse que después de levantar el teléfono exista investigación, inteligencia financiera, seguimiento ministerial, protección efectiva y castigo no solamente para quien exige el dinero, sino para las estructuras criminales que sostienen el negocio.
Una economía bajo amenaza
El Estado de México posee uno de los mercados más grandes del país, concentra importantes corredores industriales, millones de consumidores y una actividad comercial fundamental para la economía nacional, permitir que la extorsión se normalice significaría aceptar que parte de esa riqueza termine administrada por estructuras criminales.
La situación resulta todavía más grave cuando comerciantes, transportistas y empresarios incorporan el miedo a sus gastos cotidianos, además de impuestos, nóminas, renta, servicios, combustible, mercancías y obligaciones administrativas, algunos deben considerar cuánto puede costar mantenerse fuera del alcance de los delincuentes.
El desafío para el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez no consiste solamente en presentar indicadores favorables, operativos o cifras de detenidos, consiste en conseguir que abrir una cortina, conducir una unidad de transporte, instalar una fábrica o mantener un restaurante no implique reservar parte de los ingresos para pagarle a un delincuente.
Porque cuando un empresario calcula la extorsión dentro de sus gastos de operación, cuando un comerciante prefiere entregar dinero antes que denunciar y cuando una familia cierra el negocio construido durante años por temor a represalias, la delincuencia ya no solamente está robando dinero, está decidiendo quién puede trabajar, quién puede invertir y quién puede sobrevivir económicamente en el Estado de México.
