Tras afirmar que la búsqueda de personas desaparecidas debe asumirse como una obligación ineludible del Estado y realizarse bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia y enfoque diferenciado, Alma Patricia Bernal Oceguera, especialista en la materia y ex encargada del Despacho de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), indico que la legislación mexiquense eliminó la categoría de “persona no localizada” para garantizar la búsqueda e investigación sin demora, exista o no indicio de un delito.
Bernal Oceguera destacó que la creación y consolidación de las comisiones locales respondió al desarrollo de estándares internacionales y del marco jurídico nacional, que reconocen la búsqueda como una obligación del Estado. En este sentido, subrayó que detrás de cada expediente existe una historia de vida, por lo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno debe traducirse en acciones oportunas y efectivas.
Explicó que herramientas como el Protocolo Homologado de Búsqueda, la Alerta Amber y el Programa ODISEA permiten coordinar la actuación de las autoridades. Sin embargo, aclaró que cada caso requiere una estrategia diseñada de acuerdo con las características, el contexto y los factores de riesgo de la persona buscada.
Este enfoque diferenciado cobra especial relevancia cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores o personas neurodivergentes que puedan requerir apoyos específicos durante las labores de localización.
Respecto a la legislación mexiquense, consideró como un avance la eliminación de la categoría de “persona no localizada”, debido a que esta modificación permite que cualquier caso en el que se desconozca la ubicación o el paradero de una persona active de manera inmediata las obligaciones de búsqueda e investigación, sin exigir previamente indicios de que se haya cometido un delito.
Ante estos casos, destacó la importancia de que las familias conozcan los mecanismos disponibles para reportar una desaparición y acceder a atención, protección y acciones de búsqueda. Asimismo, resaltó que los protocolos nacionales y locales son resultado de la lucha de familias y colectivos de búsqueda, cuya participación ha sido fundamental para establecer las actuales directrices de localización.
Finalmente, enfatizó que las autoridades deben colocar a las víctimas y sus familias en el centro de la respuesta institucional, evitar la revictimización y garantizar una actuación sensible, profesional, coordinada y con apego a los derechos humanos.