El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por tercera ocasión la constitucionalidad del decreto que declara al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida, con lo que cierra otro frente legal en torno a uno de los territorios más disputados del Valle de México, la resolución aprobada por unanimidad refuerza la validez del decreto emitido el 22 de marzo de 2022 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y consolida el destino ambiental del polígono.
Durante la sesión, las y los ministros reiteraron que el decreto tiene carácter normativo y no implica expropiación, por lo que no vulnera derechos de propiedad de ejidatarios ni particulares, el criterio sostiene que las tierras mantienen su régimen jurídico original, aunque ahora están sujetas a lineamientos ambientales que buscan garantizar su conservación, restauración y uso sostenible, una precisión que intenta equilibrar la protección ecológica con la certeza jurídica.
Sin embargo, más allá del fallo, el caso Texcoco vuelve a evidenciar las tensiones entre desarrollo, intereses económicos y política ambiental, la zona, que en su momento fue destinada al cancelado proyecto aeroportuario, hoy es presentada como emblema de restauración ecológica, pero también como ejemplo de decisiones que han transitado entre la confrontación social, la incertidumbre jurídica y la reconfiguración del territorio sin una ruta plenamente consensuada.
Para el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la resolución representa un respaldo a la lucha comunitaria que durante años defendió la vocación ambiental del lago, al señalar que el territorio debe responder al beneficio ecológico colectivo y no a intereses privados, no obstante, el reto ahora no está en los tribunales, sino en la implementación efectiva de políticas que eviten que la declaratoria quede en el papel.
Especialistas han advertido que la protección legal no garantiza por sí sola la recuperación ambiental, el Lago de Texcoco enfrenta problemas históricos como sobreexplotación hídrica, degradación del suelo y presión urbana, factores que requieren inversión sostenida, coordinación interinstitucional y vigilancia real, de lo contrario, el reconocimiento jurídico podría convertirse en un símbolo sin impacto tangible.
Con este tercer fallo, la Corte cierra el debate constitucional, pero abre una nueva etapa donde el desafío será traducir la resolución en acciones concretas, en un contexto donde el Valle de México enfrenta crisis ambientales cada vez más complejas y donde la protección de sus ecosistemas deja de ser discurso para convertirse en una urgencia estructural.
