Han pasado más de tres meses desde que Dolores Enríquez Arias, “Don Lolo”, fue privado de la libertad en su propio domicilio. Desde aquel 15 de diciembre de 2025, la información sigue siendo la misma que el día uno: no hay avances, no hay resultados, no hay justicia.
Familiares y amigos bloquearon la carretera Toluca–Tenango, a la altura de Rayón, para exigir su localización. La protesta evidenció no solo la desesperación de una familia, sino el hartazgo de una comunidad ante la falta de respuesta de las autoridades.
“Don Lolo” fue sustraído por la fuerza de su hogar, despojando también a su familia de sus pertenencias. Desde entonces, su paradero es desconocido.
La Fiscalía Antisecuestros del Estado de México ha quedado en evidencia: tres meses sin resultados no es retraso, es omisión. Es abandono. La propia familia denuncia que la información es exactamente la misma desde el primer día, sin avances reales en la investigación.
Pero hay un elemento aún más grave: el presidente municipal de Tenango, Roberto Bautista Arellano, se negó a proporcionar las cámaras del C2, material que podría ser clave para esclarecer los hechos. La pregunta es inevitable: ¿por qué negar evidencia que podría ayudar? ¿a quién se protege?
En Tenango, la desaparición ya no es un hecho aislado, es una herida abierta. Un pueblo que hoy vive con miedo, con incertidumbre… y con silencio institucional.
“¡Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos!”, fue la consigna que marcó la protesta y que hoy resume la exigencia de toda una comunidad.
La exigencia es clara: justicia, resultados y el regreso con vida de Don Lolo.
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