Los cambios en la impartición de justicia Civil y Familiar requieren mucho más que nuevas reglas, implican transformar procesos, actualizar instituciones y preparar a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de resolver los conflictos de las personas, expresó el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, durante su participación en el XX Congreso de Juezas y Jueces del Estado de Jalisco.
Ante magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como especialistas de otras entidades del país y de Colombia, Macedo García presentó la ponencia “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, en la que hizo un recorrido por los antecedentes constitucionales y legislativos de esta reforma, desde la modificación al artículo 73 de la Carta Magna en 2017 hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023.
Compartió también los desafíos que representa para el pacto federal y su operación en las entidades, sin dejar de reconocer avances como la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes, los ajustes razonables para personas en situación de vulnerabilidad y la homologación de criterios.
El Magistrado Presidente subrayó retos como la falta de previsiones presupuestales específicas, la revisión de los procesos de adopción y la ausencia de vías sumarias para determinados asuntos, entre ellos la pérdida de patria potestad, usucapión, la violencia familiar y el divorcio incausado. Además de la justicia digital, que contempla expedientes electrónicos, trámites en línea y principios como la seguridad de la información, puntualizando la necesidad de fortalecer la infraestructura de los tribunales.
En materia procesal, explicó cómo la oralidad modifica la dinámica de los juicios mediante los principios de inmediación, contradicción, continuidad y concentración, así como el desarrollo de audiencias y la emisión de resoluciones de manera directa. Destacó la desaparición de la prueba confesional para dar paso a la declaración de parte propia y contraria, además de nuevas reglas para las pruebas testimoniales y periciales, que demandan mayores destrezas de litigación y conducción judicial.
