* Daños, robos y expedientes desaparecidos forman parte del saldo que dejó la toma de instalaciones universitarias durante 2025……
El paro estudiantil que durante 2025 mantuvo ocupados diversos espacios de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) dejó una factura que todavía no termina de cuantificarse, la institución presentó 46 denuncias por daños a bienes universitarios y robo, además de otras denuncias de hechos que continúan bajo investigación.
El saldo obliga a revisar una parte incómoda de aquella movilización, porque independientemente de la legitimidad de las demandas estudiantiles que dieron origen al movimiento, la protesta no puede convertirse en justificación para destruir patrimonio público, sustraer equipos o desaparecer documentos cuya pérdida termina afectando a otros integrantes de la propia comunidad universitaria.
Las denuncias corresponden a hechos ocurridos entre finales de abril y noviembre de 2025, periodo durante el cual diferentes instalaciones permanecieron tomadas.
Daños y robos bajo investigación
Una vez recuperados los espacios académicos y administrativos, la Universidad presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México las denuncias correspondientes por posibles delitos relacionados con daños y robo.
Entre los bienes reportados aparecen mobiliario, equipos, documentación y archivos tanto físicos como electrónicos, además de afectaciones cuya posible responsabilidad deberá determinar la autoridad ministerial.
La investigación tampoco resulta sencilla, pues la UAEMéx debe acreditar la propiedad de cada uno de los bienes incluidos en las denuncias y proporcionar los elementos necesarios para integrar las carpetas.
Ya fueron realizados dictámenes periciales en el Edificio de Rectoría, inmuebles administrativos y planteles de Ciudad Universitaria, mientras permanecen pendientes los resultados de las investigaciones.
Entre los espacios señalados con mayores afectaciones se encuentran Rectoría, edificios administrativos, instalaciones de Tecnologías de la Información y el denominado edificio Uaemitas.
El problema, sin embargo, rebasa escritorios rotos, puertas dañadas o equipos desaparecidos.
Desaparecen expedientes sensibles
Uno de los episodios más delicados corresponde a la presunta sustracción de expedientes relacionados con procedimientos de responsabilidad universitaria, algunos vinculados con denuncias de género y asuntos de naturaleza sexual.
Se calcula que serían al menos 50 expedientes, varios de los cuales contenían documentos originales, pruebas y datos personales.
La gravedad del caso resulta evidente, quienes pudieron resultar directamente perjudicados no son solamente las autoridades universitarias, sino estudiantes y miembros de la comunidad cuyos procedimientos quedaron interrumpidos.
Si efectivamente existen fotografías y videos que muestran la extracción de estos documentos, como sostiene la representación jurídica universitaria, corresponde a las autoridades identificar responsabilidades y esclarecer qué ocurrió con información particularmente sensible.
No se trata de criminalizar la protesta estudiantil ni de responsabilizar colectivamente a quienes participaron en el paro, hacerlo sería tan incorrecto como minimizar la desaparición de expedientes bajo el argumento de que ocurrió durante una movilización.
La responsabilidad, en caso de acreditarse, deberá individualizarse.
El costo pendiente del conflicto
La UAEMéx también ha brindado acompañamiento a integrantes de la comunidad universitaria que presentaron denuncias penales por otros hechos ocurridos durante el periodo de movilizaciones, incluidos casos relacionados con lesiones y robos.
Entre ellos se encuentra el de un estudiante atropellado sobre Paseo Vicente Guerrero durante una manifestación.
A casi un año de algunos de estos acontecimientos, el saldo jurídico demuestra que el conflicto universitario de 2025 todavía no está completamente cerrado.
Las demandas que detonaron el movimiento obligaron a la institución a revisar prácticas, mecanismos de representación y decisiones internas, pero ahora existe otra obligación igualmente importante, transparentar qué fue dañado, qué desapareció, cuánto representa económicamente y qué ocurrió con los expedientes sustraídos.
Las 46 denuncias no deberían utilizarse como instrumento para desacreditar en bloque al movimiento estudiantil, pero tampoco pueden quedar archivadas para evitar un nuevo conflicto político dentro de la Universidad.
La autonomía universitaria no significa impunidad y la protesta tampoco concede autorización para apropiarse del patrimonio institucional.
Ahora corresponde a la Fiscalía avanzar en las investigaciones y, en su caso, determinar responsabilidades individuales, mientras la UAEMéx tendrá que informar con claridad la dimensión real de las pérdidas y explicar qué medidas adoptó para reconstruir los expedientes desaparecidos.
Porque detrás de los documentos extraviados existen personas esperando respuestas y procedimientos que no debieron quedar suspendidos como consecuencia de un conflicto universitario.