* El SUTAyA exige el pago del retroactivo salarial de 2025, el aumento de 2026 y el reconocimiento presupuestal de plazas administrativas……
Luego de que su sindicato emplazara a huelga por incumplimientos salariales y falta de reconocimiento presupuestal de plazas administrativas, la Universidad Politécni ca del Valle de Toluca (UPVT) podría suspender actividades el próximo 4 de noviembre.
Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos (SUTAyA UPVT), encabezados por su Secretaria General, María de los Ángeles Izquierdo Lara, advirtieron que el conflicto involucra a 246 trabajadores y requiere la intervención de autoridades estatales y federales para garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales.
Entre sus principales exigencias figuran el pago del retroactivo salarial correspondiente a 2025, la aplicación del incremento salarial de 2026 y la incorporación del personal administrativo al analítico de presupuesto federal, mecanismo que permitiría gestionar recursos para cubrir sus percepciones y prestaciones.
En conferencia de prensa, los representantes sindicales señalaron que el esquema de financiamiento de las Universidades Politécnicas contempla aportaciones de 50 por ciento por parte de la Federación y 50 por ciento del gobierno estatal, sin embargo, aseguraron que las plazas docentes reciben recursos federales, mientras que las administrativas y directivas dependen del presupuesto estatal.
Esta distribución, afirmaron, complica las negociaciones salariales y mantiene a parte de la plantilla fuera del reconocimiento presupuestal federal, por ello, buscan el respaldo del Sindicato Nacional de Educación Superior para gestionar la regularización de las plazas.
Destacaron que el Sindicato presentó un pliego de peticiones ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), registrado con el expediente H.R. 3/2026. También señaló que el tribunal decretó el aseguramiento preventivo de bienes de la institución como parte del procedimiento laboral.
De acuerdo con los inconformes, además se ordenó iniciar gestiones para regularizar las plazas ante las instancias correspondientes. Advirtieron que, sin ese reconocimiento, los puestos financiados exclusivamente con recursos estatales podrían quedar sin incremento salarial durante el ejercicio fiscal.
Los representantes sindicales indicaron que las autoridades disponen de un plazo de 10 días para responder a sus peticiones y solicitaron la instalación de mesas de negociación que permitan resolver las diferencias antes de la fecha prevista para el estallamiento de huelga.
