* Familiares de los capturistas detenidos denuncian que el Gobierno del Estado y la Fiscalía construyen un caso contra empleados sin poder de decisión, mientras los verdaderos operadores de la presunta red millonaria de venta de plazas continúan sin enfrentar plenamente a la justicia. ¿A quién protege el Gobierno del Estado de México?……
Por Karina Rocha/Karina Libien
Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presume el desmantelamiento de una presunta red dedicada a la venta ilegal de plazas educativas, frente a los juzgados de Toluca se escucha una versión completamente distinta.
Ahí, entre pancartas, lágrimas y reclamos, familiares de varios trabajadores detenidos aseguran que el caso está tomando un rumbo peligroso: castigar a quienes únicamente capturaban información, entre ellos a gente que ¡ya no estaba en el cargo!, mientras quienes realmente tenían el control del sistema administrativo permanecen fuera del alcance de la justicia o apenas comienzan a ser investigados.
Cabe comentar que, según denunciantes cuyas identidades se resguardan por seguridad, esta investigación se llevaba a cabo desde finales del 2025, por lo que algunos de los hoy detenidos, fueron convencidos para apoyar a la Fiscalía estatal en las investigaciones, lo que hicieron hasta el día en que, sin exhbir orden de aprehensión, sin acusación directa, sin nada que apoyara a la fiscalía, fueron detenidos y encarcelados.
Y la indignación no surge únicamente por las detenciones, surge porque, sostienen, resulta imposible creer que empleados administrativos con funciones limitadas hayan podido diseñar, operar y ocultar un fraude que, según la propia Fiscalía, habría desviado más de 96 millones de pesos mediante una sofisticada estructura que involucraba manipulación de sistemas informáticos, plazas fantasma, movimientos financieros y una red perfectamente organizada.
Un fraude de millones no nace en un escritorio de capturista
Los familiares sostienen que los trabajadores hoy encarcelados jamás tuvieron facultades para autorizar plazas, liberar recursos presupuestales, modificar techos financieros o aprobar nombramientos; su función se limitó siempre a capturar información, pero nada más.
Las decisiones administrativas, aseguran, dependían de directores, coordinadores, subsecretarios y funcionarios con niveles de autorización muy superiores.
Por ello preguntan públicamente lo que, afirman, nadie ha querido responder:
¿Cómo puede un capturista crear plazas presupuestales que requieren autorizaciones jerárquicas? ¿Cómo puede decidir pagos millonarios sin contar con facultades legales?.
¿Cómo pudo operar durante años una red de esta magnitud sin la participación de quienes administraban realmente el sistema?.
Las contraseñas eran utilizadas por los superiores
Por otro lado, uno de los argumentos más delicados planteados por los familiares apunta directamente al manejo del Sistema Integral de Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) del que, aseguran, los usuarios asignados a los capturistas eran utilizados también por superiores jerárquicos, quienes conocían las contraseñas y ordenaban movimientos administrativos.
Lejos de contradecir por completo esa versión, la propia Fiscalía ha señalado que la organización compartía ilícitamente usuarios y claves para ocultar quién realizaba realmente las operaciones dentro del sistema, entonces, ¿con que argumento fueron detenidos los capturistas que hoy enfrentan un juicio, encerrados, sin ser los responsables de ello?
Para los familiares, ese dato cambia completamente la interpretación del expediente, porque un registro electrónico asociado a determinado usuario no necesariamente identifica a la persona que tomó la decisión, como pretenden argumentar.
En su opinión, utilizar ese elemento como principal prueba equivale a responsabilizar al nombre que aparece en la pantalla, sin demostrar quién estaba realmente detrás del teclado, más aún cuando, ha quedado claro que, en esa administración, ¡cualquiera puede hacer lo que quiera!.
En pocas palabras y por lo que se conoce del caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la mano con los altos mandos del Gobierno del Estado, se dieron a la tarea de convertir a “simples capturistas” en ¡chivos expiatorios!, seguramente con el fin de esconder el cómo, dentro del mismo gobierno, se gesta toda clase de fraude y actos de corrupción que involucran a gente que podría ser muy cercana a la gobernadora Delfina Gómez quien, antes de reconocer la podredumbre que existe en su administración, prefiere sacrificar familias cuyos recursos son limitados.
Es importante señalar que la mayoría de los imputados, son cabeza de familia cuyos hijos no dependen de nadie más que de estas personas que hoy se encuentran abusivamente encarcelados.
Los verdaderos responsables siguen apareciendo
Y, mientras decenas de trabajadores administrativos enfrentan procesos penales, la propia investigación reconoce que aún existen exfuncionarios de alto nivel pendientes de captura.
Entre ellos aparecen ex responsables administrativos que permanecieron en funciones hasta octubre de 2025 y cuya localización sigue pendiente.
Para las familias resulta imposible ignorar esa contradicción, ya que los operadores de menor rango ya enfrentan procesos penales y quienes tenían capacidad para autorizar movimientos presupuestales todavía aparecen como objetivos de investigación.
Pero, como suele suceder, la Fiscalía prefiere hacer las cosas “cómodas” para si misma, fabricando delincuentes “besando la mano de la Gobernadora y el Secretario General de Gobierno”, antes de hacer el trabajo para lo que se les paga.
Los millones nunca llegaron a quienes hoy están presos
Por cierto, otra de las preguntas que plantean familiares de los afectados tiene que ver con el dinero, ya que la Fiscalía sostiene que la organización obtenía cerca de cuatro millones de pesos por quincena, recursos que -estarán de acuerdo- deberían verse reflejados en el modus vivendi de las personas imputadas y encarceladas.
Sin embargo, ese dinero, según la investigación, habría financiado viajes a París, Dubái, Egipto y Las Vegas, además de otros gastos de lujo pero, los quejosos aseguran, basta revisar el patrimonio de los capturistas para advertir una realidad completamente distinta: No existen residencias ostentosas, no existen vehículos de lujo, no existen cuentas millonarias.
Debía suponerse que, en una indagatoria donde se habla de millones de pesos, la línea principal de investigación -de un verdadero investigador y no un besamanos- es ¡seguir el dinero hasta las últimas consecuencias!
En este caso, los imputados, siguen pagando créditos, sosteniendo a sus familias y viviendo de un salario.
Para ellos, el verdadero enriquecimiento debe buscarse donde realmente aparecieron los beneficios económicos.
La muerte que dejó más preguntas que respuestas
En otro orden de ideas, uno de los momentos más delicados del caso fue la declaración de José Daniel Popoca Estrada, sujeto que decidió colaborar con las autoridades y que, supuestamente, éste explicó con detalle cómo operaba la organización, en pocas palabras, se dice éste aceptó su participación en este fraude millonario y cuyo testimonio permitió, presuntamente, identificar participantes; conocer la mecánica para crear plazas; reconstruir la ruta del dinero; ubicar la participación de funcionarios de diversas áreas, testimonio que parece ser “prefabricado”, toda vez que, después de colaborar con las autoridades y explicar el funcionamiento interno de la presunta red, fue localizado sin vida, lo que podría implicar que éste ¡pudo haber sido asesinado! hecho que solo pudo haber sido para dos cosas: ¡que no siguiera hablando de esta trama fraudulenta perpetrada al interior de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México! y, sobre todo, para evitar tener que carear a los implicados con el denunciante y no caer en la mentira que, se presume, fue fabricada tanto por la Fiscalía mexiquense como por el propio gobierno del Estado.
Pese a ello, las autoridades no han establecido públicamente una relación entre ambos hechos, pero esta muerte incrementó las dudas sobre la profundidad del caso y sobre los intereses involucrados.
¿Justicia o resultados rápidos?
Combatir la corrupción exige investigaciones profundas, imparciales y técnicamente impecables.
Sin embargo, cuando los principales rostros del proceso son trabajadores administrativos y aún quedan pendientes exfuncionarios con mayor capacidad de decisión, la percepción pública comienza a deteriorarse; los familiares no piden impunidad, piden que cada persona responda exactamente por el nivel de responsabilidad que tuvo y que no se utilice a empleados de menor jerarquía para presentar resultados inmediatos.
Que las investigaciones lleguen hasta quienes realmente controlaban los presupuestos, los permisos informáticos y las autorizaciones administrativas.
Porque si la justicia termina castigando únicamente a quienes ocupaban los escritorios más pequeños, mientras las oficinas donde se tomaban las grandes decisiones permanecen intocables, el mensaje para la sociedad será devastador: en el Estado de México no necesariamente paga quien organizó el fraude, sino quien resulta más fácil detener.
El proceso judicial apenas comienza y será un juez quien determine la responsabilidad individual de cada imputado, pero la exigencia de los familiares ya quedó sobre la mesa: que la investigación no concluya con los eslabones más débiles y que alcance, sin excepciones, a todos los niveles de la estructura que la propia Fiscalía sostiene haber descubierto.
Por lo pronto, no se permitirá que paguen los más débiles las culpas de los “potentados servidores públicos” que ya se llevaron el dinero y que, con ése, seguramente ¡están pagando el silencio de los altos jerarcas del Gobierno del Estado de México pero, sobre todo, el que la Fiscalía desvíe las investigaciones hacia los imputados, cuando los verdaderos responsables, seguramente, ¡ya se fugaron!.
