* La inhabilitación de Quirort y las restricciones contra Briteg Instrumentos Científicos y Teresa García Gómez, obligan a revisar las contrataciones públicas. Mientras tanto, persisten interrogantes sobre posibles vínculos comerciales con hospitales, dependencias y municipios mexiquenses…….
Por Karina Rocha
La contratación de proveedores relacionados con el sector médico y científico enfrenta un nuevo motivo de escrutinio, luego de que el gobierno federal difundiera este jueves 29 de octubre dos disposiciones que restringen la participación de empresas sancionadas en procedimientos de contratación pública, medidas que alcanzan también a las autoridades estatales y municipales del Estado de México.
Las decisiones colocan bajo atención los mecanismos de vigilancia utilizados por las instituciones públicas para seleccionar proveedores, verificar antecedentes administrativos y garantizar que los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios se ejerzan conforme a la ley.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno comunicó restricciones contra Quirort, S.A. de C.V., y Briteg Instrumentos Científicos, S.A. de C.V., así como contra Teresa García Gómez, representante de esta última compañía.
Aunque todavía no existe evidencia verificada que permita establecer que estas empresas mantienen contratos vigentes con el gobierno mexiquense, las sanciones plantean una pregunta que las autoridades estatales deberían responder: ¿cuántas contrataciones públicas se revisan efectivamente para identificar proveedores sancionados y prevenir irregularidades?
Sanciones federales alcanzan al Edomex
En el caso de Quirort, S.A. de C.V., se informó de una inhabilitación por un año, con efectos a partir del 30 de octubre de 2026.
Por separado, la disposición correspondiente a Briteg Instrumentos Científicos establece restricciones para recibir propuestas o celebrar contratos públicos, que también comprenden a Teresa García Gómez, incluso cuando pretenda representar a empresas distintas de la sancionada.
Este último elemento resulta especialmente relevante porque busca impedir que las restricciones administrativas sean eludidas mediante cambios de representación empresarial.
Sin embargo, ambas disposiciones deben interpretarse conforme a sus respectivos alcances legales, sin presumir que los procedimientos sancionadores obedecen a las mismas conductas o circunstancias.
Lo preocupante sería que alguna dependencia estatal o ayuntamiento continuara celebrando contrataciones prohibidas por desconocimiento, negligencia o falta de mecanismos efectivos de verificación.
La publicación de una sanción no garantiza, por sí misma, que todas las oficinas encargadas de adquisiciones actualicen oportunamente sus registros y controles.
Hospitales y dependencias, bajo escrutinio
El gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez tiene ante sí la oportunidad de transparentar si alguna de las empresas mencionadas ha participado en procedimientos de contratación relacionados con instituciones mexiquenses.
La revisión debería comprender hospitales públicos, dependencias de salud, organismos descentralizados y administraciones municipales, particularmente aquellos que adquieren equipamiento, instrumental o servicios especializados.
No se trata de afirmar que existieron contratos irregulares, sino de establecer mediante documentos si hubo relaciones comerciales, cuáles fueron sus montos, qué bienes se adquirieron y si quedaron obligaciones pendientes.
También resulta necesario determinar si existen contratos anteriores a las sanciones, pues su eventual vigencia no implica automáticamente una violación ni supone necesariamente su cancelación.
La responsabilidad institucional consiste en verificar las condiciones legales de cada operación y hacer públicos los resultados.
De otra manera, cualquier revisión quedaría reducida a un ejercicio burocrático sin consecuencias verificables.
Compras públicas exigen vigilancia real
Uno de los mayores riesgos en la administración pública radica en que los procedimientos de contratación se conviertan en simples trámites documentales, donde el cumplimiento administrativo prevalezca sobre la evaluación rigurosa de proveedores.
En materia de salud, esta situación exige especial atención, porque detrás de cada adquisición existen recursos que deberían traducirse en mejores servicios, equipamiento funcional y atención oportuna para los pacientes.
La Secretaría de Salud estatal, el Instituto de Salud del Estado de México y las áreas responsables de adquisiciones tienen motivos suficientes para revisar sus registros y determinar si existen antecedentes comerciales relacionados con las personas sancionadas.
También corresponde a las contralorías municipales verificar que las nuevas disposiciones sean observadas en los procedimientos que legalmente les resulten aplicables.
El problema no se resuelve únicamente difundiendo circulares. Se necesitan controles preventivos, expedientes completos y funcionarios que respondan por sus decisiones.
¿Quién vigila a quienes contratan?
La Secretaría de la Contraloría del Estado de México debería establecer si los mecanismos de consulta de proveedores sancionados funcionan adecuadamente y si las dependencias cuentan con procedimientos para detectar oportunamente restricciones federales.
De igual manera, resulta indispensable conocer si las instituciones realizan verificaciones antes de adjudicar contratos o solamente cuando aparecen observaciones administrativas.
La diferencia es fundamental: prevenir una contratación indebida protege recursos públicos; descubrirla cuando el dinero ya fue comprometido puede complicar la recuperación de recursos y la determinación de responsabilidades.
Transparencia, no discursos
Las sanciones anunciadas no demuestran que existan irregularidades dentro del gobierno mexiquense, pero sí constituyen una razón concreta para exigir revisiones y respuestas documentadas.
La administración estatal debe aclarar si estas empresas figuran en sus registros de contratación, si recibieron pagos en ejercicios anteriores y si participaron en procedimientos todavía pendientes de concluir.
Cuando se administran recursos destinados a servicios públicos, la transparencia no debería depender de que estalle un escándalo.
El verdadero desafío para las autoridades mexiquenses será demostrar que cuentan con controles capaces de impedir contrataciones prohibidas y que ninguna dependencia puede ignorar restricciones oficiales sin enfrentar consecuencias.
Porque en las compras públicas no basta con asegurar que todo se hizo conforme a la ley: hay que demostrarlo con documentos, cifras y resultados.
