La vinculación a proceso de Karla N, exdiputada federal y actual secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI, se concretó el 21 de octubre de 2026 en una audiencia celebrada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. El juez federal determinó que existen elementos suficientes para que la exlegisladora enfrente un proceso penal por el delito de abuso de autoridad, derivado de una denuncia presentada por su exasesora, María Fernanda Moreno Salas.
De acuerdo con la causa penal 195/2025, la denunciante señaló que durante su gestión como diputada federal (2021-2024), la política le exigía 13 mil pesos mensuales, equivalentes al 50% de su salario, bajo la amenaza de perder su empleo si no accedía a entregar esa cantidad. Las transferencias se realizaron entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, según consta en la carpeta de investigación.
El caso tomó relevancia nacional porque involucra a una figura activa en la dirigencia del PRI y por la naturaleza de las acusaciones, conocidas popularmente como “moches” salariales. La denuncia original presentada en 2022 incluía delitos como extorsión, amenazas, cohecho y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, tras la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), solo se encontraron elementos suficientes para proceder por abuso de autoridad.
La situación se agravó en diciembre de 2022, cuando la entonces diputada federal exigió a su colaboradora la entrega completa de su aguinaldo como condición para renovar su contrato. Ante la negativa de la víctima, la relación laboral fue terminada de manera anticipada, lo que detonó la denuncia formal ante las autoridades.
Durante la audiencia, el juez federal resolvió no imponer medidas cautelares como la prisión preventiva, por lo que Karla enfrentará el proceso en libertad. Se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que tanto la FGR como la defensa podrán aportar pruebas adicionales y robustecer sus argumentos.
