* Informe de la Fiscalía exhibe que homicidios, extorsiones y desapariciones siguen golpeando a miles de familias mexiquenses……
Por Mireya Álvarez
El Estado de México continúa atrapado entre cifras alarmantes de violencia y discursos oficiales que insisten en presumir avances en seguridad, mientras delitos como homicidio, extorsión y secuestro mantienen bajo presión a miles de familias mexiquenses, una realidad que quedó nuevamente expuesta en el más reciente Informe de Gestión remitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México al Congreso local.
El documento, enviado también a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reconoce que la entidad sigue concentrando una parte importante de la actividad delictiva nacional, pese a las constantes declaraciones oficiales sobre una supuesta disminución de la incidencia criminal.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta marzo de este año se habían cometido en el país 480 mil 563 delitos, de los cuales 81 mil 560 ocurrieron en territorio mexiquense, es decir, prácticamente 17 por ciento del total nacional, una proporción que vuelve a colocar al Estado de México entre las entidades con mayores problemas de inseguridad.
Aunque las autoridades estatales y federales han insistido en destacar operativos y mesas de coordinación como muestra de resultados, la realidad cotidiana sigue reflejando escenarios marcados por violencia, miedo y desconfianza ciudadana, especialmente en regiones donde la extorsión y los homicidios continúan creciendo.
El informe encabezado por el fiscal José Luis Cervantes Martínez detalla acciones derivadas de las operaciones denominadas Fortaleza, Restitución, Liberación, Caudal, Senda y Desconexión, implementadas entre abril de 2025 y marzo de 2026 como parte de la estrategia contra grupos criminales.
Sin embargo, detrás de los nombres de los operativos y los reportes institucionales, persisten cifras que exhiben el tamaño del problema. Hasta marzo, el Estado de México acumulaba 638 homicidios y 404 casos de extorsión, delitos que continúan deteriorando la percepción de seguridad y afectando tanto a familias como a sectores productivos.
Aunque el registro federal únicamente reportó cinco casos de secuestro en ese periodo, especialistas y colectivos han advertido en diversas ocasiones que existe una fuerte cifra negra relacionada con este delito, particularmente por miedo a denunciar y desconfianza hacia las autoridades.
El informe también reconoce el crecimiento de problemáticas vinculadas con violencia de género y desaparición de personas, fenómenos que siguen golpeando especialmente a mujeres, niñas y adolescentes en distintos municipios mexiquenses.
Pese a ello, las estrategias oficiales continúan enfrentando cuestionamientos sobre su efectividad real, especialmente cuando las cifras delictivas contrastan con el discurso gubernamental que insiste en proyectar estabilidad y avances en materia de seguridad.
La Fiscalía destacó además la creación de nuevas áreas como las Unidades de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia, así como la Unidad de Investigación de Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, acciones que buscan responder a reclamos ciudadanos ante delitos cada vez más frecuentes.
No obstante, en amplias regiones del Estado de México persiste la percepción de abandono institucional, donde víctimas enfrentan procesos lentos, burocracia y, en muchos casos, una respuesta insuficiente frente a delitos de alto impacto.
El problema de fondo sigue siendo que mientras las autoridades celebran operativos y reuniones de coordinación, miles de mexiquenses continúan viviendo entre amenazas, violencia y temor constante, una realidad que ningún informe oficial logra ocultar por completo.
