El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció que el Gobierno de Nicolás Maduro decidió suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y otorgó un plazo de 72 horas para que el personal adscrito a ella abandone el país.
Gil agregó que el Gobierno realizará en los próximos 30 días una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa agencia.
“Esa oficina se ha desviado de su mandato”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, afirmando que la organización ha tenido un “impropio papel” y “se ha convertido en una caja de resonancia de la oposición más extrema del país”.
El Gobierno añadió en un comunicado que la medida se mantiene hasta que rectifiquen ante la comunidad internacional lo que llamó su actitud “colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que lamenta la decisión de Venezuela y está evaluando los próximos pasos.
“Seguimos colaborando con las autoridades y otras partes interesadas. Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela”, dijo en un comunicado la portavoz Ravina Shamdasani.
