“Seguimos colaborando con las autoridades y otras partes interesadas. Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela”, dijo en un comunicado la portavoz Ravina Shamdasani.
Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación por la situación de la activista venezolana Rocío San Miguel, quien fue detenida la semana pasada bajo acusaciones de la Fiscalía de haber participado en un supuesto intento de conspiración contra Maduro, una afirmación que ha sido ampliamente cuestionada.
La agencia de la ONU exigió este martes la liberación inmediata de San Miguel, mientras que una misión de investigación respaldada por Naciones Unidas declaró que su detención era parte de “una serie de eventos que parecen ser parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a los percibidos opositores”.
La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática expresó su rechazo por la expulsión de la oficina de la ONU. En un mensaje publicado en X, el bloque dijo que esta medida “ratifica el carácter totalitario del régimen”, que “no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de DDHH en nuestro país”.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela condenó la decisión del Gobierno. “La misión de la ONU ha estado en el país desde 2019, y su salida aumenta la desprotección de las víctimas de violaciones de DD.HH. y disminuye la observancia”, indicó en su cuenta de X, antes Twitter.
