La Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) refrendaron su compromiso de luchar por la protección del Estado de derecho, de reconocer el trabajo de los juzgadores y de apoyar su independencia.
Asimismo, resaltaron la importancia de reforzar la colaboración institucional entre tribunales regionales y nacionales para fortalecer el trabajo judicial, algo que se logra a través de compartir experiencias.
Esto se dio durante un encuentro con integrantes del Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta y del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Corte, en el que participaron Norma Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), y la jueza Nancy Hernández, presidenta electa de la CoIDH.
En el encuentro, la ministra presidenta resaltó la importancia de contar con jugadoras como Hernández López que puedan hablar sobre su carrera y su experiencia.
Asimismo, sostuvo que “también es una gran responsabilidad porque se trata de hacer las cosas bien, con convencimiento, estudiando, viendo en función de la sociedad”.
Piña resaltó la labor de los abogados porque, sin tener el título de juzgadores, son quienes hacen un primer proyecto de sentencia y la ponen a consideración de jueces, ministros o magistrados. “La justicia constitucional está en gran parte en sus manos”, les dijo la ministra.
Por su parte, Hernández López, quien también estuvo presente en el primer informe de Piña Hernández como presidenta de la judicatura, pidió a los juzgadores mantener un canal de comunicación con la CoIDH.
“Es absolutamente vital el diálogo (…) porque tenemos una función absolutamente complementaria y nos nutrimos uno al otro de jurisprudencia y de criterios para poder cumplir y poder resolver los grandes problemas de derechos humanos que tiene la región”, afirmó.
La presidenta electa, quien estará al frente del tribunal internacional de enero de 2024 a diciembre de 2025, resaltó el papel que cumplen los juzgadores en mantener sistemas democráticos. Por eso, afirmó que las cortes deben apostar a la aplicación del derecho para tener paz y democracia y para que sembrar en los derechos humanos y en los derechos de las personas sea el único camino del desarrollo sostenible.
