Por Karina A. Rocha Priego
Lo sucedido el pasado fin de semana en Texcaltitlán, solo es el resultado del hartazgo de los ciudadanos y la falta de atención de los tres niveles de gobierno en la zona sur del Estado de México.
Desgraciadamente para los mexiquenses, esta es la herencia del gobierno de Enrique Peña como gobernador del Estado de México quien, a través de Luis Miranda Nava, permitieron la operatividad de los cárteles de la Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado de México a cambio de componendas por ambas partes.
Hoy, estas mafias han lacerado la tranquilidad de los habitantes de los municipios del sur mexiquense, desangrando a las familias de la región que se dedican a trabajar pero que son obligados a pagar ciertas “cuotas” para seguir viviendo.
Esta situación, sin lugar a duda, la conocen perfectamente las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero para muchos policías, es más fácil “estar a mano” con los delincuentes que enfrentarse a ellos sabedores de que en el intento de detenerlos pueden estar perdiendo la vida.
Para éstos, es más fácil “ganar el doble de sueldo” protegiendo a delincuentes que cumpliendo con la ley para lo que se contratan en las corporaciones policiacas. Y esta situación se repite en cada uno de los municipios sureños, donde todos saben quién es quién y donde las autoridades prefieren hacerse de la vista gorda.
Eso es lo que ha llevado a enfrentamientos sangrientos como el que se vivió en Texcaltitlán, donde al menos 14 personas perdieron la vida y, si bien, la mayoría de los muertos pertenecían a una célula de la Familia Michoacana, los demás, son personas que tenían familias que alimentar, de ahí el protegerse y evitar que les siguieran cobrando lo que se llama “derecho de piso” para seguir “subsistiendo”.
La pregunta es ¿quiénes son esos para decidir quién vive y quién no? cuando solo se dedican a intimidar, asaltar, violar, asesinar a cuanto ciudadano se les para enfrente, cobrando un dinero que no les corresponde, dinero de familias enteras que lo único que buscan es tener una vida tranquila y salir adelante ante la adversidad económica que se vive en el país.
Si bien es cierto que el gobierno federal se ha dado a la tarea de crear cada vez más “vividores del sistema” a través de sus programas “sociales”, ello ha implicado crear personas buenas para nada que, a su vez, son reclutadas por este tipo de células que, insisto, su incursión en el Estado de México es gracias a las negociaciones oscuras del gobierno estatal que encabezó Peña Nieto.
Hoy, miles de familias viven en la zozobra. Pequeños comerciantes, que apenas ganan para su manutención, viven temerosos de ser parte de la lista de extorsiones y amenazas de los delincuentes.
Eso es lo que ya no soportaron los comerciantes de Texcaltitlán, y lo que ya no soportan cientos de comerciantes de la zona sur del Estado de México donde se asientan estos criminales “con permiso gubernamental”.
Hoy, prometen dar seguridad a los ciudadanos, incrementar el número de efectivos de las diversas corporaciones policiacas, tanto estatales como federales, pero lo que “los jefes” no saben o no quieren entender es que sus efectivos, temen entrar a esa zona de la entidad, por temor a perder la vida vía emboscadas o enfrentamientos tipo “policías y ladrones”, de ahí que prefieran hacerse de la vista gorda o, si es el caso, aliarse con los delincuentes, al fin que ganan mucho más.
Lamentablemente ese problema se ha extendido a municipios como Toluca, Metepec, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Lerma, donde los habitantes crean “guardia ciudadana” para impedir que las células delictivas se asienten en su territorio, hecho que no tarda en estallar, pues los delincuentes contando con superioridad armamentista, buscan la forma de conseguir, a como dé lugar, lo que les permite subsistir y seguir delinquiendo.
Mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno sigan sin cumplir su compromiso de proteger y dar seguridad a ciudadanos mexiquenses -en este caso- la situación no tendrá cambios. No se trata de dar discursos y prometer, se trata de actuar. Hasta el momento, no se ha visto que autoridades alguna acuda a la zona de batalla para tranquilizar a los ciudadanos.
Sí, dan conferencias de prensa, lanzan boletines, prometen y prometen, pero no acuden, no visitan, no enfrentan la realidad que viven miles de mexiquenses por estar bajo el yugo de células delictivas.
¿A qué le temen? ¿A una emboscada, a un ataque directo?
O a ser descubiertos como quienes son los que “apoyan” a los delincuentes a seguir operando “bajita la mano” hasta que “la bomba estalle” como sucedió en Texcaltitlán.
Por lo pronto, éste no es el único ataque suscitado en la región sur de la entidad, pero, durante este 2023, se han reportado más de 1430 denuncias por extorsión, acciones cometidas por la delincuencia organizada.
Ahora, habrá que esperar cuáles serán las acciones, reales, que emprenda el Gobierno de Delfina Gómez en la zona sur del Estado de México y en municipios donde las células criminales están buscando sentar sus reales, como se dice.
Pero no solo eso, la inseguridad, en general, abate al Estado de México; los delitos de alto impacto, pese a la seguridad de las autoridades estatales de que han disminuido, la percepción de la población es totalmente diferente a la oficial, de ahí que esta administración que recién comienza debe hacer un análisis concienzudo de lo que la población ve y padece a diario en sus comunidades…..
