El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado.
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.
El indulto, otorgado a Fujimori el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. El abogado de Alberto Fujimori espera que el expresidente salga de prisión este miércoles, cuando finalicen los trámites administrativos correspondientes. La decisión de excarcelar a Fujimori generó el rechazo de los familiares de las víctimas de las matanzas por las cuales fue condenado.
“Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente”, expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los diez estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992.
Por su parte, la asesora principal de WOLA (Washington Office on Latin America), Jo Marie Burt, recordó que desde esta organización han expresado “claramente nuestra oposición a la liberación de Alberto Fujimori sin que haya cumplido las condiciones elaboradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”.
