* Edgar Garay, juez de control que vinculó a proceso a Nancy Nápoles y decretó suspensión condicional del proceso por seis meses, es padre de funcionario municipal cercano a la alcaldesa……
Por Martha Romero
Te presento una versión más incisiva, propia de una portada principal de investigación, pero cuidando de no presentar como hechos probados los señalamientos sobre el juez. Se atribuyen expresamente al denunciante y se distingue entre hechos acreditados y cuestionamientos.
¿Justicia o conflicto de interés?
Bajada: La resolución que permitió suspender condicionalmente el proceso contra la alcaldesa de Tenancingo desató una nueva controversia: cuestionan la imparcialidad del juez por presuntos vínculos familiares con funcionarios de la propia administración municipal.
La justicia no sólo debe aplicarse con estricto apego a la ley; también debe inspirar absoluta confianza. Cuando un proceso penal involucra a una autoridad en funciones y, al mismo tiempo, surgen dudas sobre la posible existencia de vínculos entre el juzgador y el gobierno de la persona imputada, el debate deja de centrarse únicamente en el expediente para trasladarse a un terreno mucho más delicado: la credibilidad de las instituciones. Eso ocurre hoy en Tenancingo.
Después de casi doce horas de audiencia inicial, celebrada de manera privada a petición de la defensa, el juez de control Edgar Garay Vilchis determinó vincular a proceso a la presidenta municipal, Nancy Nápoles Pacheco. Sin embargo, también autorizó la suspensión condicional del proceso durante seis meses, imponiendo diversas medidas cautelares.
Hasta ese momento el caso seguía el curso ordinario de cualquier procedimiento penal. La polémica comenzó después.
Los vínculos que encendieron las alarmas
Fue el abogado y periodista Ramón Castañeda Mondragón, uno de los cuatro comunicadores denunciados por la alcaldesa por publicaciones relacionadas con su administración, quien hizo públicos una serie de señalamientos que hoy colocan bajo la lupa la actuación del juzgador.
Según expuso, Edgar Garay Jiménez, hijo del juez Edgar Garay Vilchis, ocupa el cargo de coordinador de Gobernación del Ayuntamiento de Tenancingo, es decir, forma parte de la administración encabezada por Nancy Nápoles Pacheco. Pero los señalamientos no terminan ahí.
Castañeda Mondragón afirmó además que Garay Jiménez mantiene una relación de pareja con la hija de Guillermina Cruz Cortés, directora de Gobernación municipal y una de las funcionarias más cercanas a la presidenta municipal.
Desde la perspectiva del litigante, esa relación laboral y familiar debió ser suficiente para que el juez analizara la posibilidad de excusarse de conocer el asunto, evitando cualquier cuestionamiento sobre la independencia del proceso.
Hasta el momento, no existe resolución alguna que establezca que el juez incurrió en una conducta irregular ni que acrediten un conflicto de interés. Los señalamientos corresponden a manifestaciones públicas del abogado y deberán valorarse conforme a los mecanismos legales aplicables.
La apariencia también importa
Uno de los principios fundamentales del sistema de justicia establece que la imparcialidad no sólo debe existir, sino también ser perceptible para la sociedad.
El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla supuestos en los que un juzgador debe abstenerse de conocer un asunto cuando existan circunstancias que puedan poner en duda su objetividad. Precisamente sobre ese punto gira la crítica.
Para Ramón Castañeda, el hecho de que el hijo del juez labore dentro de la administración municipal encabezada por la persona sometida al proceso genera una apariencia de parcialidad que, independientemente del sentido de la resolución, afecta la confianza ciudadana.
El abogado sostiene que el debate no consiste en acusar anticipadamente al juzgador de actuar de manera deshonesta, sino en preservar uno de los activos más importantes del Poder Judicial: su credibilidad.
Porque cuando la ciudadanía comienza a preguntarse si un juez pudo haber estado influenciado por relaciones personales o familiares, el daño institucional puede resultar mucho más profundo que cualquier resolución judicial.
Una audiencia cerrada y muchas preguntas abiertas
La decisión de desarrollar la audiencia de forma privada también alimentó la controversia.
Aunque la legislación permite restringir el acceso en determinados supuestos, el carácter reservado del procedimiento limitó el escrutinio público sobre el desarrollo de una audiencia que involucraba a una autoridad electa.
Al término del procedimiento, el juez resolvió vincular a proceso a Nancy Nápoles Pacheco, pero simultáneamente concedió la suspensión condicional del proceso por seis meses.
Entre las condiciones impuestas destacan la obligación de presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, no acercarse al testigo relacionado con la investigación, mantener su domicilio registrado, realizar servicio social en favor del Estado o instituciones de beneficencia pública y acudir trimestralmente a firmar ante el juzgado.
Desde el punto de vista jurídico, esas determinaciones forman parte de las herramientas previstas por la legislación penal. Sin embargo, políticamente, el resultado ha sido interpretado por distintos sectores como una resolución que deja más interrogantes que certezas.
La confianza en la justicia vuelve a ponerse a prueba.
El caso de Nancy Nápoles ya dejó de ser únicamente un expediente penal.
Ahora representa una prueba para el propio Poder Judicial mexiquense.
En una entidad donde la ciudadanía exige combatir la corrupción, sancionar los abusos de poder y garantizar igualdad ante la ley, cualquier circunstancia que genere dudas sobre la independencia de los juzgadores termina golpeando directamente la legitimidad institucional.
Por ello, especialistas en derecho judicial sostienen que las reglas sobre impedimentos y conflictos de interés no existen para proteger a los jueces, sino para proteger la confianza de los ciudadanos.
Si existe la mínima posibilidad de que una relación familiar, laboral o personal pueda sembrar dudas razonables sobre la objetividad de quien resolverá un caso, corresponde a las propias instituciones disiparlas con absoluta transparencia.
Porque una resolución judicial puede ajustarse plenamente a derecho y, aun así, perder legitimidad cuando las circunstancias que rodean el procedimiento permiten que florezcan sospechas.
Hoy, el mayor desafío ya no es únicamente determinar la situación jurídica de Nancy Nápoles Pacheco. El verdadero reto consiste en demostrar que la justicia mexiquense puede actuar sin sombra alguna de favoritismo, influencia o intereses cruzados.
En un Estado de derecho, la imparcialidad no admite zonas grises. Y cuando la confianza ciudadana se pone en duda, no basta con afirmar que la justicia fue legal; es indispensable convencer a la sociedad de que también fue completamente independiente.
