* Responsable de la Reforma al Poder Judicial, Arturo Zaldívar……
Por Karina A. Rocha Priego
El poder de distraer la atención de los mexicanos del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha permitido que este se vaya saliendo con la suya poco a poco, y resulta realmente agresivo e insultante que piense que “los mexicanos somos retrasados mentales”.
Si bien recuerdan ustedes, el 5 de febrero pasado, el Jefe del Ejecutivo Federal no acudió a Querétaro para encabezar la celebración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, sí estuvo presente en el recinto donde se promulgó la Carta Magna de 1857 y ahí, presentó al Congreso un paquete de 10 o hasta 20 iniciativas de reformas constitucionales, con las que pretende transformar al Poder Judicial, y a otros organismos autónomos, así como desaparecer algunos que, según él, sólo sirven para ocultar la corrupción y fueron creados en el periodo neoliberal, por lo que no sólo están en contra de su persona y de su gobierno, sino del pueblo mismo.
Lo que pretende el Gobierno Federal es:
a).- Transformar al Poder Judicial.
b).- Al sistema de pensiones.
c).- Al salario mínimo de bienestar.
d).- Desaparecer órganos autónomos.
e).- Sistema ferroviario.
f).- Sistema de pensiones para adultos mayores.
g).- Austeridad republicana.
h).- Guardia Nacional.
i).- Sistema electoral.
Pero lo más grave, sin lugar a dudas, no es “transformar al Poder Judicial”, sino ¡desaparecerlo!, de ahí que haya obligado al presidente magistrado Arturo Zaldívar ¡renunciar a su cargo!, siendo este un hecho violatorio y se dijo en su momento, pero hicieron caso omiso.
Y es que, en su momento, se hizo saber que la renuncia de Arturo Zaldívar ¡violaba la Constitución!, en el artículo 98, pues no hubo causa grave alguna para su renuncia, al tiempo de violar el artículo 101 constitucional, que señala que ningún ministro, magistrado o juez, en ningún caso puede desempeñar ninguna función o encargo, ni de entidades federativas, ni de la federación y mucho menos de particulares.
Sin embargo, el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se quito la toga y se puso el chalco de Morena, y el artículo 101 constitucional señala, en el último párrafo, que debiera ser sancionado porque aceptó “colaborar” con ese partido político, tras “encargarle”, precisamente, la Reforma al Poder Judicial, del próximo sexenio, hecho considerado verdaderamente grave, por lo que aún es tiempo para que este ¡sea sancionado, como señala el 101 Constitucional. A Zaldívar ¡debieron retirarlo del cargo!, no aceptar su renuncia como si nada hubiera pasado. Debe ser sancionado quitándole las prestaciones, los beneficios y su pensión. Esa es la sanción que aún amerita Zaldívar por la violación constitucional.
La Constitución no es un trapo que se pueda estar pisoteando, no es un papel arrugado que se puede echar a un bote de basura; la Constitución, para que todos la entiendan, es la expresión más importante y sublime del acuerdo por la nación, el acuerdo al que todos los mexicanos debemos defender.
Pero lo realmente grave y alarmante, es la pretensión de Morena-López Obrador que, la Reforma del Poder Judicial de la Federación se transforme en ¡la DESAPARICIÓN de la Suprema Corte de Justicia!, instaurando un Tribunal Constitucional partidista, como brazo político para que, EN LUGAR DE QUE HAYA JUSTICIA EN MÉXICO, simple y llanamente haya un BRAZO EJECUTOR al servicio del Poder Presidencial, considerado ello como una ruptura al orden constitucional y es una afrenta a las instituciones de la República.
Lamentablemente, a legisladores y legisladoras se les ha olvidado que están para DEFENDER LA CONSTITUCIÓN; que respetar la Constitución, es respetar al pueblo de México; que respetar la Constitución, es respetar a las instituciones de la República; que respetar la Constitución, es respetarse a sí mismos como legisladores y, respetar a la Constitución, es respetar a la nación.
Hoy, que se insiste en investigar a Arturo Zaldívar por “desvío de recursos”, se debe incluir las violaciones que cometió a los artículos 89 y 101 de la Constitución, y sancionarlo con la pérdida de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean, pero sobre todo, debe impedírsele hacer lo que su “patrón” pretende, como es desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además, este exministro ¡carece de toda calidad moral para poder violentar, como pretende hacerlo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos!.
El senador Alejandro Rojas Díaz Durán, dueño de parte de lo arriba descrito, no se equivoca, para nada, en sus apreciaciones.
De todos es sabido que, durante los cinco años y meses que tiene López Obrador en el cargo como Presidente de México, nunca ha respetado el marco jurídico, ni las instituciones ni a las autoridades establecidas; se “ha despachado con la cuchara grande” para dar órdenes, imponer sus “antojos y caprichos a diestra y siniestra”, violentando con ello los contrapesos de poder, característica esencial de un estado democrático.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es el Poder que el actual mandatario detesta y contra el que ha emprendido serios ataques, en razón de que, como máximo órgano del Poder Judicial, ha logrado equilibrar los poderes. Evita que el mandatario ejerza funciones al margen de la ley y al Legislativo también le ha impuesto los límites constitucionales en su actuación.
Esta es la triste realidad, esto es para lo que Arturo Zaldívar “fue empujado a renunciar”, esto es, en parte, por lo que exige la actual magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, una investigación en su contra, investigación que es avalada por magistrados y jueces y que debe llevarse a cabo a fondo, por el bien de México y los mexicanos.
