La mayoría legislativa de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron en lo general y en lo particular con 250 votos a favor, y 197 en contra, el dictamen que faculta el Ejecutivo federal a aplicar amnistía de manera directa.
Los legisladores oficialistas hicieron valer su mayoría para aprobar los cambios a la Ley de Amnistía y a la Ley de Amparo, y a pesar de las múltiples peticiones de todas las maneras posibles que hizo la oposición, incluidas mentadas de madre desde la tribuna, el documento fue aprobado en sus términos.
Ambas reformas fueron turnadas al Ejecutivo federal para ser incluidas en el Diario Oficial de la Federación y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en él.
En su intento por ganar el debate a pesar de ser arrasados en la votación, la oposición presentó reservas a la reforma de amnistía que modificaba al proemio, metodología, contenido y objeto de la minuta, consideraciones, texto normativo del dictamen, al artículo 9 de la Ley de Amnistía, transitorios primero y segundo, así como a la leyenda “Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de abril de 2024”.
Con la reforma aprobada se establece que por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento, en casos específicos como el que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano, y que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito.
El morenista afirmó que la reforma a la Ley de Amnistía en sus términos refleja un compromiso real con la verdad y no se trata solamente del derecho individual que tiene toda víctima, sus parientes o amistades a saber qué pasó.
La diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) aseguró que el dictamen a discusión no aporta al respeto al Estado de Derecho, “que desde hace mucho tiempo ya no lo tenemos en este país”.
