En un gigantesco operativo, agentes de la Fiscalía ecuatoriana detuvieron a 29 personas, incluidos el presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, policías y agentes penitenciarios, entre otros, vinculados a una investigación sobre delincuencia organizada y narcotráfico.
Las autoridades investigan indicios de “una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico” que mostraría “la profunda descomposición estructural que campea en el país”, explicó la Fiscal General, Diana Salazar.
Salazar comunicó además el final de la operación “más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico”, en la que intervinieron más de 900 personas entre fiscales, equipos tácticos y unidades especiales de la policía.
La Fiscalía señaló que “de la información que estamos recabando de los allanamientos en varias provincias, son 29 los detenidos”, aunque aclaró que “iremos actualizando” mientras terminan allanamientos que aún están en ejecución.
En un comunicado, la Judicatura expresó “su profundo rechazo y preocupación” ante lo que calificó como “detención arbitraria y sin sustento” de Wilman Terán, presidente de ese organismo, así como el allanamiento a la sede de la institución, acciones que, dijo, “carecen de fundamento y atentan contra los principios de la función judicial”.
El catedrático y analista de la Universidad San Francisco, Luis Espinosa, dijo a The Associated Press que “dentro de un país que se derrumba institucionalmente”, Salazar se ha alzado como “un último bastión que ha puesto límites a los abusos de poder de los últimos tres gobiernos”, y añadió que ”la Fiscal se está jugando la vida”.
Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, un organismo de la sociedad civil, aseveró a AP que el sistema judicial “está al servicio de sectores delincuenciales, la función judicial y muchos de sus jueces se han constituido en jueces de alquiler” que han permitido la impunidad.
Convocó al Ministerio Público a que lleve adelante el debido proceso para garantizar la transparencia en su actuación para “demostrarle al país que ha procedido de manera adecuada y pertinente respecto de quienes han sido detenidos”.
En declaraciones a la AP, el legislador Pedro Velasco, de la alianza política Actuemos, señaló que hay que apoyar a la Fiscalía porque “nos interesa que se combata toda forma de corrupción”, pero además que se combata a las entidades donde supuestamente están “permeando organizaciones criminales y actividades ilícitas”.
La operación se produjo días después de que el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, afirmó que el narcotráfico estaba buscando extender su poder e influencia en la función judicial y que ha logrado un espacio importante en
En un gigantesco operativo, agentes de la Fiscalía ecuatoriana detuvieron a 29 personas, incluidos el presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, policías y agentes penitenciarios, entre otros, vinculados a una investigación sobre delincuencia organizada y narcotráfico.
Las autoridades investigan indicios de “una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico” que mostraría “la profunda descomposición estructural que campea en el país”, explicó la Fiscal General, Diana Salazar, en un video publicado en su cuenta en X, antes Twitter.
Salazar comunicó además el final de la operación “más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico”, en la que intervinieron más de 900 personas entre fiscales, equipos tácticos y unidades especiales de la policía.
La Fiscalía señaló que “de la información que estamos recabando de los allanamientos en varias provincias, son 29 los detenidos”, aunque aclaró que “iremos actualizando” mientras terminan allanamientos que aún están en ejecución.
En un comunicado, la Judicatura expresó “su profundo rechazo y preocupación” ante lo que calificó como “detención arbitraria y sin sustento” de Wilman Terán, presidente de ese organismo, así como el allanamiento a la sede de la institución, acciones que, dijo, “carecen de fundamento y atentan contra los principios de la función judicial”.
El catedrático y analista de la Universidad San Francisco, Luis Espinosa, dijo a The Associated Press que “dentro de un país que se derrumba institucionalmente”, Salazar se ha alzado como “un último bastión que ha puesto límites a los abusos de poder de los últimos tres gobiernos”, y añadió que ”la Fiscal se está jugando la vida”.
Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, un organismo de la sociedad civil, aseveró a AP que el sistema judicial “está al servicio de sectores delincuenciales, la función judicial y muchos de sus jueces se han constituido en jueces de alquiler” que han permitido la impunidad.
En declaraciones a la AP, el legislador Pedro Velasco, de la alianza política Actuemos, señaló que hay que apoyar a la Fiscalía porque “nos interesa que se combata toda forma de corrupción”, pero además que se combata a las entidades donde supuestamente están “permeando organizaciones criminales y actividades ilícitas”.
La operación se produjo días después de que el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, afirmó que el narcotráfico estaba buscando extender su poder e influencia en la función judicial y que ha logrado un espacio importante en ámbitos como clubes de fútbol y medios de comunicación. No ofreció nombres ni más detalles.
