* La Fiscalía exige información sobre los escoltas armados que acompañaron al alcalde de Metepec durante el escándalo en el Club La Asunción……
Por Martha Romero
Lo que comenzó como un episodio polémico protagonizado por el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, se ha transformado en un asunto que ya involucra investigaciones ministeriales y posibles responsabilidades administrativas, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitara información urgente para esclarecer quiénes eran los escoltas armados que acompañaban al presidente municipal durante su cuestionada irrupción al Club Deportivo La Asunción.
El requerimiento oficial exhibe la gravedad de un hecho que, lejos de quedar como una simple controversia mediática, ha despertado dudas sobre el uso de recursos públicos, el papel de los cuerpos de seguridad municipales y los límites del ejercicio del poder por parte de un servidor público.
La Fiscalía busca determinar si los hombres armados que acompañaban a Fernando Flores el pasado 4 de junio pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec o si formaban parte de algún esquema distinto de protección, una pregunta que resulta tan elemental como inquietante, pues si la autoridad encargada de investigar tiene que preguntar quiénes eran los escoltas, significa que existen vacíos que no debieron existir desde el primer momento.
El documento dirigido al director de Seguridad Pública municipal, Jesús Alberto Ramírez Manzur, exige reportes, partes informativos, solicitudes de apoyo y cualquier antecedente relacionado con los hechos ocurridos en el club deportivo, además de confirmar si los elementos que integran el círculo de seguridad del alcalde forman parte oficialmente de la corporación municipal.
La investigación no es menor. Los videos difundidos en redes sociales mostraron a Fernando Flores ingresando al inmueble acompañado de personal armado, en medio de una situación que rápidamente generó indignación pública y cuestionamientos sobre un posible abuso de autoridad.
Más preocupante aún resulta que, mientras miles de ciudadanos enfrentan diariamente problemas de inseguridad, robos y violencia, elementos de seguridad pública pudieran haber sido utilizados para atender un conflicto ocurrido en un espacio privado relacionado con el propio alcalde.
Si se confirma que los escoltas pertenecían a la policía municipal, la pregunta inevitable será bajo qué fundamento legal participaron en ese operativo y quién autorizó su intervención. Si no pertenecían a la corporación, entonces también deberá aclararse quiénes eran, qué funciones desempeñaban y por qué actuaban armados junto al presidente municipal.
La propia Fiscalía advirtió que el incumplimiento en la entrega de la información podría derivar en sanciones para el director de Seguridad Pública, incluyendo multas, arrestos e incluso el uso de la fuerza pública para hacer cumplir el requerimiento.
El caso coloca nuevamente a Fernando Flores en el centro de una tormenta política que él mismo provocó. Lo que parecía un incidente aislado se ha convertido en una investigación que podría revelar mucho más que la identidad de unos escoltas.
Hoy la pregunta ya no es únicamente por qué el alcalde ingresó al Club La Asunción acompañado de hombres armados. La verdadera interrogante es si recursos, personal y facultades del gobierno municipal fueron utilizados para atender asuntos ajenos al interés público.
Y esa respuesta, tarde o temprano, tendrá que llegar.
