* Tres manifestaciones relevantes en menos de tres semanas exhiben el creciente malestar ciudadano; vecinos cuestionan decisiones sobre basura, aguas residuales, escuelas, desarrollos inmobiliarios y movilidad; exigen respuestas al gobierno de Omar Sánchez……
Por Mireya Álvarez
Al presidente municipal de Cali-maya, Omar Sánchez Velázquez, parece lloverle sobre mojado, todavía no termina de desactivar un conflicto cuando aparece otro y, durante agosto, las calles se han convertido repetidamente en el escenario donde los habitantes intentan conseguir las respuestas que aseguran no encontrar oportunamente en las oficinas municipales.
Este lunes fueron vecinos de Villas del Campo quienes bloquearon avenida Calimaya, a la altura de El Mesón, para exigir un acceso independiente para la nueva secundaria construida en las inmediaciones del fraccionamiento, una obra educativa que los inconformes aseguran respaldar, pero cuya operación, advierten, podría incrementar los problemas de tránsito, seguridad y movilidad si alumnos, padres, profesores y vehículos utilizan diariamente las vialidades internas del conjunto habitacional.
La protesta adquiere otra dimensión cuando se revisa lo ocurrido durante el mes, el 7 de agosto hubo movilizaciones por el relleno sanitario y problemas relacionados con aguas residuales, el 20 habitantes de San Diego La Huerta protestaron contra el sitio proyectado para una preparatoria y ahora Villas del Campo reclama por el acceso de una secundaria.
Tres conflictos distintos y una misma constante: vecinos tomando vialidades para ser escuchados.
Villas del Campo señala falta de planeación
Los habitantes aseguran que el problema pudo evitarse desde la planeación del proyecto, sostienen que la secundaria contará con 11 aulas y se encuentra en una zona colindante con Lomas Virreyes y Villas del Campo, por lo que consideran viable habilitar un ingreso independiente sin utilizar las calles del fraccionamiento.
El reclamo, por tanto, no está dirigido contra los estudiantes ni contra la construcción de infraestructura educativa, sino contra una decisión que, desde la perspectiva de los afectados, trasladaría a los residentes las consecuencias de una deficiente planeación.
Los manifestantes también han señalado que la construcción forma parte de acuerdos entre el Ayuntamiento 2025-2027 y Consorcio Zero, desarrollador inmobiliario con presencia en el municipio, asimismo, vecinos relacionan a esta empresa con una plaza comercial que, según sus propias denuncias, presenta problemas de drenaje.
Se trata de señalamientos realizados por habitantes afectados que deben ser esclarecidos por las autoridades y las empresas involucradas, precisamente por ello resulta indispensable transparentar convenios, permisos, estudios de impacto vial, proyectos de drenaje y cualquier compromiso derivado de nuevos desarrollos.
También existen cuestionamientos hacia la asociación de colonos, pues algunos manifestantes la acusan de respaldar el acceso hacia la secundaria a través de Villas del Campo, nuevamente, corresponde a quienes son señalados responder y aclarar públicamente estas acusaciones.
Basura, aguas negras y escuelas
La protesta de este lunes se suma a la registrada el 20 de agosto en San Diego La Huerta, donde habitantes rechazaron el terreno elegido para construir el Bachillerato Nacional Margarita Maza.
Los vecinos tampoco se manifestaron contra la llegada de una preparatoria, cuestionaron la ubicación y aseguraron que existe otro predio previamente destinado por la comunidad para infraestructura educativa, incluso exigieron transparentar las razones técnicas y jurídicas utilizadas para seleccionar el terreno.
Pero quizá el conflicto más delicado ocurrió el 7 de agosto, cuando habitantes protestaron por las condiciones relacionadas con el relleno sanitario La Estación, ubicado en San Antonio La Isla.
Vecinos han denunciado malos olores y expresado preocupación por posibles afectaciones ambientales, además de exigir la intervención de autoridades ambientales para revisar permisos, capacidad, vida útil, manejo de lixiviados, biogás y posibles impactos sobre suelo y agua.
A estas inconformidades se agregan señalamientos ciudadanos relacionados con descargas de aguas residuales y problemas de drenaje, situaciones especialmente sensibles en un municipio donde el crecimiento inmobiliario de los últimos años ha incrementado la presión sobre vialidades, servicios hidráulicos e infraestructura urbana.
Las acusaciones vecinales no deben convertirse automáticamente en sentencias, pero tampoco pueden ser descalificadas simplemente porque provengan de una protesta, cuando diferentes comunidades coinciden en denunciar problemas de planeación, servicios y falta de información, corresponde al gobierno investigar, transparentar y responder.
¿Hay que bloquear para ser escuchado?
Ese es precisamente el problema político que comienza a enfrentar Omar Sánchez Velázquez.
Tres protestas relevantes durante agosto no significan necesariamente que todos los reclamos sean responsabilidad exclusiva de su administración, algunos problemas vienen de años atrás y otros involucran autoridades estatales, federales, empresas privadas o municipios vecinos.
Pero Sánchez es hoy el presidente municipal y gobernar también significa anticiparse a los conflictos heredados.
Lo preocupante sería que en Calimaya termine instalándose una regla no escrita: para obtener atención primero hay que bloquear.
Si una comunidad necesita cerrar una avenida para conseguir diálogo, si otra debe movilizarse para cuestionar dónde construirán una escuela y una tercera tiene que afectar una carretera para exigir investigaciones ambientales, entonces algo está fallando en los canales institucionales.
Calimaya vive una transformación urbana acelerada y no puede continuar creciendo bajo una lógica donde primero aparecen viviendas, plazas, escuelas y desarrollos y después se pregunta cómo resolver el tránsito, el drenaje, el agua o los accesos.
Omar Sánchez necesita dejar de gobernar detrás de las protestas y comenzar a anticiparse a ellas.
Porque cuando las inconformidades dejan de ser excepcionales y empiezan a repetirse semana tras semana, el problema ya no puede explicarse únicamente por ciudadanos molestos.
También comienza a hablar de la capacidad de un gobierno para escuchar, planear y resolver.
