* Un contrato de 224 millones de pesos no evitó reclamos por salarios y prestaciones pendientes entre trabajadores que prestan servicios al ISSEMyM……
Por Karina Rocha
Un contrato superior a los 224 millones de pesos no fue suficiente para evitar que trabajadores encargados de servicios esenciales dentro de unidades médicas del ISSEMyM terminaran este lunes en la caseta de La Venta, bloqueando parcialmente la autopista México-Toluca para exigir salarios y prestaciones que, aseguran, permanecen pendientes, una protesta que expone algo más profundo que un conflicto entre una empresa privada y su personal, revela las consecuencias de una contratación pública cuya operación terminó afectando hospitales, trabajadores y una de las principales vías de comunicación del centro del país.
Desde alrededor de las 10:00 horas, empleados de PROAM Administración S. de R.L. de C.V. se concentraron en la caseta de La Venta y redujeron la circulación con dirección a la Ciudad de México, durante aproximadamente tres horas, los inconformes denunciaron retrasos salariales, prestaciones incumplidas y diversas irregularidades laborales, mientras cientos de automovilistas quedaban atrapados en largas filas.
Los manifestantes señalaron que alrededor de 300 trabajadores enfrentaban afectaciones por falta de pago, algunos de ellos realizan tareas de limpieza, mantenimiento y apoyo operativo en distintas unidades médicas vinculadas con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
Un contrato por más de 224 millones
El dato que coloca el conflicto bajo una perspectiva mucho más delicada es el monto del contrato que mantiene PROAM con el ISSEMyM, la empresa cuenta con una contratación por 224 millones 160 mil 300 pesos, con vigencia del 23 de enero al 31 de diciembre de 2026, una cifra considerable que inevitablemente abre interrogantes sobre la administración, vigilancia y cumplimiento de las obligaciones laborales relacionadas con el servicio contratado.
La pregunta resulta inevitable, si existe un contrato de esa magnitud para garantizar servicios dentro de instalaciones médicas, cómo se llegó al punto en que parte del personal encargado de cumplirlo tuvo que abandonar sus centros de trabajo y cerrar una autopista para reclamar su salario.
No se trata de responsabilizar directamente al Instituto por cada obligación patronal de una empresa privada, los inconformes no son empleados sindicalizados ni trabajadores de base del ISSEMyM, su relación laboral corresponde a PROAM, sin embargo, cuando una institución pública entrega recursos millonarios mediante un contrato para realizar funciones dentro de hospitales y clínicas, también existe una responsabilidad administrativa de supervisar que el servicio se cumpla bajo condiciones que no pongan en riesgo su continuidad.
Las quejas no comenzaron este lunes
El conflicto tampoco surgió de manera repentina, trabajadores han señalado que las inconformidades existen desde febrero y que entre sus reclamos se encuentran pagos pendientes, prestaciones, afiliaciones al IMSS, uniformes y equipo necesario para realizar sus actividades.
Esto significa que las señales de alerta pudieron acumularse durante meses antes de desembocar en una protesta pública de grandes dimensiones.
Si las inconformidades eran conocidas desde principios del año, también tendrá que aclararse qué acciones emprendió PROAM para resolverlas, qué reportes recibió el ISSEMyM, si existieron verificaciones del cumplimiento contractual y si hubo sanciones, requerimientos o advertencias hacia la empresa.
De lo contrario, el episodio de La Venta podría ser apenas la manifestación visible de un problema que llevaba tiempo creciendo detrás de las puertas de hospitales y clínicas.
Hospitales en medio del conflicto
La gravedad del caso aumenta porque no se trata de cualquier servicio contratado, la limpieza y el mantenimiento dentro de unidades médicas forman parte de las condiciones indispensables para garantizar atención segura a pacientes, médicos, enfermeras y personal administrativo.
Una empresa puede discutir salarios con sus trabajadores dentro del ámbito laboral correspondiente, pero cuando esos empleados prestan servicios en hospitales públicos, una crisis interna puede trasladarse rápidamente a instalaciones donde la higiene y el mantenimiento no son cuestiones secundarias.
Por eso resulta insuficiente reducir lo ocurrido a un simple problema entre particulares.
El Gobierno estatal y el ISSEMyM deberán explicar si el conflicto provocó afectaciones en alguna unidad médica, cuántos empleados dejaron de realizar temporalmente sus actividades, qué mecanismos de sustitución fueron implementados y si existe riesgo de nuevas protestas.
Tres horas bastaron para exhibir el problema
Finalmente, alrededor de las 13:03 horas, los manifestantes retiraron el bloqueo y la circulación hacia la Ciudad de México fue restablecida, la liberación de la autopista resolvió el problema vial inmediato, pero no necesariamente el conflicto laboral.
Las filas de vehículos desaparecieron, pero permanecen las preguntas sobre el destino de más de 224 millones de pesos contratados, la supervisión ejercida sobre la empresa, los presuntos adeudos salariales y las condiciones en las que laboran cientos de personas dentro de instalaciones médicas públicas.
El bloqueo terminó, el expediente no
Porque detrás de una caseta paralizada durante tres horas existe una cuestión que las autoridades no deberían pasar por alto, cómo una empresa con un contrato multimillonario para prestar servicios al sistema de salud mexiquense llegó al punto de enfrentar a trabajadores reclamando dinero y prestaciones en plena autopista México-Toluca y, sobre todo, quién estaba vigilando que eso no ocurriera.
