* El gobierno federal investiga contratos por mil 700 millones de pesos otorgados entre 2022 y 2023 para distribuir medicamentos y operar farmacias en hospitales públicos; los posibles sobrecostos superarían el 50 y hasta el 60 por ciento por pieza, mientras permanece oculta la identidad de la empresa beneficiada y de los funcionarios que autorizaron las operaciones……
Por Karina Rocha
La revelación de contratos por aproximadamente mil 700 millones de pesos para la distribución de medicamentos y operación privada de farmacias en hospitales públicos del Estado de México abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos destinados a la salud, particularmente durante los últimos años de la administración estatal anterior, cuando millones de mexiquenses dependían de servicios médicos afectados por carencias de medicamentos, personal e infraestructura.
El subsecretario federal de Salud, Eduardo Clark García Dobar ganes, informó el pasado 20 de octubre que las operaciones, correspondientes a 2022 y 2023, se encuentran bajo investigación por posibles sobrecostos que, al considerar el volumen de medicamentos distribuidos, podrían superar el 50 y hasta el 60 por ciento por pieza.
La magnitud económica del caso resulta preocupante, pero también lo es la ausencia de información pública suficientemente detallada sobre quién recibió los contratos, qué autoridades los autorizaron, cuáles hospitales participaron y bajo qué criterios se decidió entregar a una empresa privada funciones esenciales para el abastecimiento de medicamentos.
Hasta ahora, la identidad de la compañía permanece reservada debido a la investigación, aunque el propio funcionario aseguró que los documentos contractuales pueden consultarse en las plataformas de transparencia.
La explicación resulta insuficiente frente al interés público que representa conocer el destino de mil 700 millones de pesos destinados a un servicio tan sensible como la atención médica.
UNA EMPRESA DENTRO DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS
Uno de los aspectos más delicados es que los contratos no se limitaban al traslado de medicamentos desde almacenes hacia hospitales y centros de salud, sino que también contemplaban la operación privada de farmacias instaladas dentro de instituciones públicas.
En consecuencia, una empresa particular administraba actividades que habitualmente corresponden al personal sanitario y farmacéutico, mediante un esquema cuya justificación económica y operativa requiere ser examinada.
El dato adquiere mayor relevancia porque las autoridades federales aseguran que, después de modificar esos contratos y realizar nuevos procedimientos de contratación, actualmente se paga alrededor de 32 por ciento menos en términos anuales, mientras se distribuye entre 30 y 40 por ciento más de piezas de medicamentos cada mes.
Esta diferencia plantea interrogantes inevitables: ¿por qué anteriormente se pagaba más para distribuir menos?, ¿quién determinó que las condiciones eran convenientes para el gobierno estatal?, ¿existieron estudios de mercado que justificaran los precios?.
También debe precisarse que los porcentajes señalados constituyen una comparación administrativa presentada por la autoridad federal y no, por sí mismos, una resolución judicial que acredite desvío de recursos o corrupción.
Sin embargo, representan elementos suficientes para exigir una revisión exhaustiva de los expedientes de contratación, sus anexos, mecanismos de supervisión y resultados
¿QUIÉN AUTORIZÓ LOS CONTRATOS MILLONARIOS?
La investigación necesariamente debe alcanzar a los funcionarios que intervinieron en la contratación durante 2022 y 2023, periodo correspondiente al gobierno de Alfredo del Mazo Maza, sin que esta circunstancia implique atribuir responsabilidades personales antes de contar con pruebas.
Resulta indispensable establecer qué dependencias participaron, quiénes integraron los comités responsables de las decisiones, qué servidores públicos firmaron los documentos y cuáles fueron los argumentos técnicos utilizados para justificar los montos.
Igualmente, deben conocerse las empresas participantes en los procedimientos, las propuestas económicas presentadas y los mecanismos empleados para verificar que los servicios contratados efectivamente se prestaran.
La responsabilidad administrativa no termina con la firma de un contrato. También comprende la vigilancia de su ejecución, la comprobación de los pagos y la evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Por ello, corresponde determinar si existieron observaciones de los órganos fiscalizadores, auditorías previas, advertencias sobre precios elevados o procedimientos relacionados con posibles irregularidades.
Una investigación limitada exclusivamente a la empresa dejaría sin responder una parte fundamental: cómo se tomaron las decisiones dentro de las instituciones públicas.
LOS PACIENTES, AUSENTES DE LAS EXPLICACIONES
Mientras se discuten cifras multimillonarias y posibles sobrecostos, permanece pendiente una pregunta fundamental: ¿qué consecuencias tuvieron estos contratos en el abastecimiento real de medicamentos?.
No basta establecer cuánto costaba distribuir los productos. También es necesario determinar si llegaban oportunamente, si se cubrían las necesidades de los hospitales y si existieron incumplimientos que perjudicaran a los pacientes.
La Secretaría de Salud estatal y las autoridades federales deben esclarecer cuántas unidades médicas estuvieron involucradas, qué medicamentos se administraron mediante este sistema y cuáles fueron los resultados de las supervisiones.
El anuncio de una investigación constituye apenas el inicio de un proceso que debe traducirse en información verificable, deslinde de responsabilidades y, cuando corresponda, sanciones y recuperación de recursos públicos.
De lo contrario, el caso corre el riesgo de convertirse en otra denuncia de contratos millonarios que genera cuestionamientos públicos, pero termina sin consecuencias conocidas.
El Estado de México necesita conocer no solamente cuánto dinero se comprometió, sino quién recibió los pagos, quién autorizó las operaciones y si el servicio justificó su costo.
Porque mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta, la investigación seguirá incompleta y la transparencia sobre los recursos de salud continuará siendo una deuda con los mexiquenses.
