* Mientras el órgano fiscalizador prepara reformas para ampliar los tiempos de revisión y digitalizar expedientes, persisten interrogantes sobre auditorías concluidas, observaciones pendientes, sanciones a funcionarios y recuperación de recursos públicos……
Por Martha Romero
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) pretende modificar la legislación para disponer de más tiempo en la revisión de las cuentas públicas, agilizar procedimientos y sustituir expedientes impresos por documentos electrónicos, pero la propuesta abre un cuestionamiento que no puede quedar fuera de la discusión: ¿de qué servirán mayores plazos y herramientas tecnológicas si los resultados de las auditorías no se traducen en responsabilidades, sanciones y recuperación de recursos públicos?.
La titular del organismo, Liliana Dávalos Ham, anunció que se prepara una iniciativa para modificar la Ley de Fiscalización Superior estatal, bajo el argumento de que los tiempos actuales resultan insuficientes para revisar adecuadamente la documentación generada por dependencias estatales, ayuntamientos y organismos públicos.
Entre los cambios preliminares se contempla ampliar de cinco a diez días determinados plazos para que las instituciones fiscalizadas respondan observaciones, mientras que el periodo de revisión del personal auditor podría pasar de diez a quince días.
Asimismo, se busca evitar esperas administrativas de hasta 120 días cuando los entes sujetos a revisión no entregan documentación, además de homologar procedimientos con la Auditoría Superior de la Federación.
Aunque las modificaciones podrían contribuir a mejorar los procesos, el problema de fondo no necesariamente radica en la cantidad de días disponibles, sino en la capacidad institucional para detectar irregularidades, documentarlas y conseguir que los responsables respondan por el manejo del presupuesto.
Auditorías abundantes, resultados pendientes
El OSFEM tiene bajo su responsabilidad la fiscalización de 547 entidades públicas, entre ellas los 125 ayuntamientos mexiquenses, depen dencias gubernamentales y organismos descentralizados, una tarea que implica revisar miles de millones de pesos ejercidos anualmente.
Para noviembre está prevista la presentación de los resultados de 180 auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2025, información que permitirá conocer una parte de las observaciones detectadas en el manejo de recursos públicos.
Sin embargo, contabilizar auditorías no equivale necesariamente a garantizar una fiscalización eficaz.
Resulta indispensable conocer cuán tas revisiones programadas fueron efectivamente concluidas, qué irregularidades se identificaron, cuáles observaciones permanecen pendientes de solventar y cuántos expedientes derivaron en procedimientos administrativos o denuncias ante las autoridades competentes.
También debe establecerse cuánto dinero fue recuperado efectivamente y qué cantidades continúan sujetas a aclaraciones, pues una observación económica no constituye automáticamente un daño patrimonial comprobado.
La transparencia exige distinguir entre recursos observados, montos aclarados, responsabilidades acreditadas y cantidades recuperadas.
Sin esa información presentada de manera accesible, resulta complicado evaluar si el órgano fiscalizador cumple plenamente su función o si buena parte de su actividad termina concentrándose en trámites administrativos sin consecuencias conocidas para la ciudadanía.
A ello se suma la necesidad de explicar las modificaciones realizadas al Programa Anual de Audito rías 2026 mediante el Acuerdo 6/2026, publicado en septiembre.
El organismo debe transparentar qué revisiones fueron modificadas, incorporadas o eliminadas, cuáles fueron las razones técnicas y si esos ajustes alteraron el alcance originalmente previsto.
Más tiempo para revisar, no para encubrir
Uno de los argumentos expuestos para justificar la reforma es que algunas auditorías generan entre 18 y 40 tomos documentales, mientras que el periodo operativo de fiscalización puede reducirse a aproximadamente tres meses.
Los responsables del organismo consideran que disponer de seis meses permitiría desarrollar revisiones más completas y atender adecuadamente los procedimientos técnicos y jurídicos.
El planteamiento puede resultar razonable desde una perspectiva operativa, particularmente cuando se pretende verificar contratos, obras públicas, adquisiciones, servicios y documentación financiera de numerosas instituciones.
No obstante, ampliar plazos sin establecer mecanismos de evaluación también podría provocar que los procedimientos se prolonguen sin garantizar mejores resultados.
Por ello, cualquier reforma debe incorporar indicadores públicos de desempeño, obligaciones de informar sobre los avances de cada auditoría y mecanismos para identificar retrasos injustificados.
El Congreso mexiquense tendrá que examinar cuidadosamente estas propuestas cuando sean presentadas formalmente, sin convertir la modernización administrativa en una autorización automática para extender los tiempos institucionales.
La revisión legislativa deberá determinar qué cambios fortalecen verdaderamente la fiscalización y cuáles podrían generar nuevas dificultades para exigir responsabilidades.
Digitalizar expedientes no garantiza transparencia
La incorporación de expedientes electrónicos y firmas digitales representa otra de las prioridades anunciadas por el OSFEM, ante los enormes volúmenes de documentación que actualmente deben trasladarse, almacenarse y revisarse físicamente.
La modernización tecnológica po-dría reducir costos administrativos, facilitar consultas y mejorar el seguimiento de expedientes, pero tampoco constituye una solución automática frente a posibles irregularidades.
Un archivo digital puede agilizar la fiscalización, aunque su utilidad de-penderá de la seguridad de los sistemas, la integridad documental y la posibilidad de consultar información pública sin comprometer procedimientos reservados.
El organismo necesita demostrar que las nuevas herramientas contribuirán a identificar incumplimientos y fortalecer la rendición de cuentas.
Finalmente, el verdadero desafío del OSFEM no consiste únicamente en revisar más documentos, aumentar auditorías o disponer de mayores plazos.
Su responsabilidad fundamental es garantizar que cada peso público pueda ser rastreado y que las irregularidades comprobadas tengan consecuencias. Mientras no exista claridad suficiente sobre sanciones, responsabilidades y recursos recuperados, cualquier reforma administrativa seguirá dejando pendiente la pregunta central: ¿quién responde cuando el dinero de los mexiquenses se maneja indebidamente?.
