Por Karina A. Rocha Priego
“La corrupción siempre existirá”, pero Morena prometió exactamente lo contrario; prometió erradicarla desde la raíz.
Su discurso no hablaba únicamente de castigar a funcionarios corruptos, sino de construir un nuevo modelo de gobierno donde la honestidad fuera la principal diferencia frente a los partidos tradicionales, hoy esa narrativa enfrenta una de sus pruebas más difíciles, porque ahora cada nuevo escándalo recibe una explicación distinta: que fue responsabilidad de un funcionario aislado; que existían intereses externos; que todo forma parte de campañas políticas; que las auditorías exageran; que todavía no existe sentencia y, jurídicamente tienen razón porque ninguna investigación constituye automáticamente una condena.
La Constitución protege el debido proceso y la presunción de inocencia, principios que deben respetarse sin importar el partido al que pertenezca cualquier servidor público, pero políticamente tampoco puede ignorarse una acumulación tan amplia de expedientes.
El problema deja de ser individual cuando aparecen gobernadores, senadores, alcaldes y exfuncionarios de un mismo movimiento involucrados en investigaciones distintas, en estados diferentes y por conductas que van desde presunto peculado hasta abuso de autoridad, delincuencia organizada o vínculos con grupos criminales.
Uno de los casos de mayor impacto continúa siendo el del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de facultades relacionados con el proyecto fotovoltaico de “Next Energy”, un expediente que se convirtió en uno de los golpes políticos más severos para Morena en el norte del país.
En Sinaloa, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones formuladas en Estados Unidos relacionadas con una presunta colaboración con integrantes de “Los Chapitos”, señalamientos que él ha rechazado públicamente mientras los procedimientos legales siguen su curso.
Dentro del mismo expediente aparece el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de Gobierno de Sinaloa, mencionado en investigaciones desarrolladas por autoridades estadounidenses, situación que incrementó el costo político para el partido aun cuando su situación jurídica todavía no ha sido resuelta por los tribunales correspondientes.
El caso de Segalmex continúa siendo, quizá, el mayor símbolo de esa contradicción.
Lo que fue presentado como un organismo destinado a garantizar alimentos accesibles para millones de mexicanos terminó convertido en uno de los mayores escándalos financieros registrados durante el actual régimen.
Las investigaciones alcanzaron a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa, procesado por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero y operaciones financieras irregulares.
También involucran a Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial de Segalmex, detenido en Argentina como parte de las investigaciones internacionales derivadas de ese mismo esquema.
Más allá de las resoluciones judiciales que finalmente emitan los tribunales, el daño político ya quedó registrado.
Resulta complicado sostener un discurso de honestidad absoluta cuando el mayor caso de presunto desvío de recursos públicos de los últimos años ocurrió precisamente dentro de un organismo creado durante un gobierno que prometía erradicar la corrupción.
En el ámbito municipal, la lista tampoco deja de crecer
En Tequila, Jalisco, el alcalde Diego Rivera Navarro fue detenido dentro de una investigación que también alcanzó al director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa, al director de Catastro, Juan Gabriel Toribio Villarreal y al director de Obras Públicas, Isaac Carbajal Villaseñor, todos investigados por su presunta participación en una red de corrupción, extorsión y abuso de autoridad.
En el Estado de México, la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, fue vinculada a proceso después de que la Fiscalía mexiquense la acusó de participar en la presunta simulación de su secuestro para justificar un faltante cercano a 40 millones de pesos del erario municipal.
En Coahuila, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra, enfrenta un proceso por presunto peculado y ejercicio abusivo de funciones.
La relación continúa con Antonio Villalobos Adán, exalcalde de Cuernavaca, procesado por presunto ejercicio abusivo de funciones relacionado con recursos del sistema de agua potable, así como con la exregidora Anayeli “N”, involucrada dentro del mismo expediente.
Si todos estos casos fueran completamente aislados, quizá el impacto político sería menor.
Pero cuando los expedientes comienzan a repetirse en varios estados, distintos municipios y diferentes niveles de gobierno, el discurso de la excepción pierde fuerza, más delicada aún resulta la reacción institucional.
Durante años Morena exigió renuncias inmediatas cuando los investigados pertenecían al PRI o al PAN.
Hoy predominan los llamados a esperar las resoluciones judiciales, respetar el debido proceso y evitar juicios anticipados.
Ese criterio es jurídicamente correcto, sin embargo, políticamente también evidencia un doble rasero que termina debilitando la autoridad moral con la que el movimiento llegó al poder, porque la corrupción no cambia de naturaleza dependiendo del partido que gobierna.
Si merece condena cuando ocurre en la oposición, también debe investigarse con el mismo rigor cuando aparece dentro del propio gobierno.
La honestidad no admite excepciones ni distingue colores partidistas y ese constituye hoy el mayor desafío para Morena.
No sólo se trata de convencer a los ciudadanos de que combate la corrupción, sino demostrar, mediante investigaciones imparciales, transparencia absoluta y ausencia de protección política, que está dispuesto a aplicar exactamente el mismo criterio a sus propios funcionarios que el que durante años exigió para sus adversarios, porque la credibilidad no se recupera mediante discursos, se recupera cuando la ley alcanza por igual a todos.
Y esa será, probablemente, la prueba política más importante que enfrentará el partido gobernante rumbo a los próximos procesos electorales.
Por cierto, si mal no recuerda la que esto escribe, ya habíamos comentado el tema, pero sigue en las mismas, nadie hace nada.
Llama la atención el cómo Ernesto Ruffo Appel, panista, ha sido: acusado, detenido, vinculado, encerrado y casi sentenciado a “cadena perpetua” por huachicol fiscal y los morenistas Andrés Manuel, Adán Augusto, Rubén Rocha, “Andy” López, Manuel Bartlett, Alfonso Durazo, entre otros, ¿cuándo…?
