* Joquicingo, Coyotepec, Chapultepec y Jilotzingo no lograron justificar técnicamente sus propuestas para 2027; mientras el Congreso avaló las tablas de otros 121 municipios, permanecen interrogantes sobre los criterios utilizados y el posible impacto económico para los contribuyentes……
Por Mireya Álvarez
La falta de sustento técnico en las propuestas de actualización catastral de cuatro municipios del Estado de México abrió cuestionamientos sobre los criterios utilizados para modificar los valores de terrenos y construcciones durante 2027, particularmente por sus posibles repercusiones en el impuesto predial que pagan miles de familias.
Joquicingo, Coyotepec, Chapultepec y Jilotzingo quedaron pendientes de aprobación en comisiones legislativas, luego de que el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) identificara deficiencias en la documentación presentada para respaldar sus propuestas.
Durante la revisión, las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público, Finanzas Públicas, y Legislación y Administración Municipal avalaron las tablas de valores unitarios de suelo y construcción correspondientes a 121 municipios, con un incremento promedio de 5.6 por ciento.
Sin embargo, los cuatro ayuntamientos observados deberán subsanar las inconsistencias antes de obtener autorización legislativa.
Joquicingo solicitó mantener sin modificaciones sus valores catastrales, pero tampoco presentó elementos suficientes para justificar esa decisión.
Coyotepec propuso incrementos de entre 0.1 y 10 por ciento, mientras Chapultepec y Jilotzingo plantearon ajustes superiores al 10 por ciento, incluso hasta 20 por ciento, sin aportar el respaldo técnico requerido.
Aumentos sin claridad para contribuyentes
La situación genera interrogantes porque todavía no existe un desglose público suficientemente detallado que permita identificar las colonias, comunidades o zonas que registrarían las mayores modificaciones, ni sus posibles consecuencias económicas.
Tampoco se han precisado los estudios considerados insuficientes ni las correcciones que deberán presentar los ayuntamientos, información indispensable para garantizar transparencia en decisiones relacionadas con el patrimonio inmobiliario.
Aunque modificar los valores catastrales no significa necesariamente aumentar en la misma proporción el impuesto predial, constituye una variable fundamental para calcularlo.
Laura Balderas Rivera, directora de Catastro del IGECEM, informó que 108 municipios solicitaron incrementos de entre 0.1 y 10 por ciento, mientras otros seis plantearon ajustes superiores al 10 por ciento.
El diputado Javier Cruz Jaramillo indicó que los cuatro expedientes pendientes serán revisados posteriormente.
El Congreso deberá exigir explicaciones claras sobre los criterios de actualización y sus posibles efectos para los propietarios.
La autonomía fiscal municipal no justifica modificaciones sin respaldo documental suficiente. Antes de autorizar cualquier ajuste, las autoridades deberán demostrar que responde a condiciones inmobiliarias verificables y no únicamente a expectativas de mayor recaudación.
