Tras las revelaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre presuntos actos de favoritismo hacia proveedores electorales en el Estado de México desde 1999, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) decidió suspender este miércoles la aprobación de los manuales de producción y control de calidad del material electoral.
Durante la sesión, el órgano electoral detuvo la validación de los formatos únicos y reglas de supervisión para la documentación que se utilizará en la renovación de diputaciones y ayuntamientos de 2027. Lo anterior a pesar de que la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, habría informado previamente que este día, en sesión extraordinaria el organismo definiría los manuales para la licitación pública con un presupuesto aproximado de 20 millones de pesos para la compra de papelería e insumos electorales para el próximo año
Apenas hace unos días, la propia titular del IEEM sostuvo que las licitaciones y adjudicaciones se encontraban completamente blindadas. El objetivo de estas medidas, según sus declaraciones, era impedir la compra de insumos a sobreprecios exorbitantes, las asignaciones por favoritismo, los conflictos de interés, la colusión y cualquier otro acto de corrupción.
Y es que, ante los señalamientos de simulación de contratos para beneficiar a una firma vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, un empresario hoy bajo investigación por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades y recibir contratos millonarios por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de entes Públicos Locales Electorales (OPLEs) en distintos estados del país, entre ellos el Estado de México, a través de la firma Cajas Graf, -que recibió en 2025 un contrato por casi 17 millones de pesos para la organización de la elección judicial en la entidad-, Amalia Pulido precisó que dicho otorgamiento del convenio se debió a la falta de tiempo para la realización de una nueva licitación.
Para haber hecho este procedimiento de licitación, se tuvo que haber solicitado el inicio de los trabajos el 11 de enero para que el 11 de febrero iniciara todo el procedimiento de la licitación pública, y fue hasta 14 de febrero cuando se aprobó la reforma constitucional referente al Poder Judicial y por eso se optó por esta excepción que nos permite la ley”, argumentó.
En este sentido, señaló que cada año dicho instituto es auditado por entes fiscalizables como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFEM) y la ASF. “Todas las licitaciones son transparentes y abiertas siempre; se hacen públicas, incluso el instituto tiene un micrositio en donde se va dando seguimiento y se van subiendo todos los documentos como parte de cada etapa; así que realmente son transparentes y públicas y participa un Comité de Adquisiciones”, señaló.
