* La Ley Mariana Lima obligará a investigar bajo protocolo de feminicidio toda muerte violenta de mujeres y niñas, además castigará hasta con 10 años de prisión a funcionarios que obstaculicen el acceso a la justicia……
Por Edith Romero
El Estado de México cambia las reglas para investigar la muerte violenta de mujeres y niñas, después de años en los que familias de víctimas han tenido que luchar contra expedientes inicialmente construidos alrededor de suicidios, accidentes u homicidios sin perspectiva de género, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la llamada Ley Mariana Lima Buendía, una reforma que obligará a que estos casos sean investigados desde el primer momento bajo protocolo de feminicidio y con perspectiva de género, colocando además responsabilidades penales sobre servidores públicos cuyas omisiones, negligencia, corrupción u obstrucción impidan llegar a la verdad.
La modificación representa un cambio importante porque elimina la posibilidad de que la aplicación de este criterio dependa de la interpretación inicial de quienes reciben una investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tendrá la obligación expresa de aplicar debida diligencia y perspectiva de género desde las primeras actuaciones, incluso cuando inicialmente existan elementos que pudieran hacer pensar que una mujer murió por suicidio o accidente.
La reforma incorpora a la legislación estatal criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir precisamente del caso de Mariana Lima Buendía, cuya muerte ocurrió en junio de 2010 en Chimalhuacán y fue presentada inicialmente como un suicidio, la lucha emprendida por su madre, Irinea Buendía, permitió exhibir irregularidades y omisiones en la investigación hasta conseguir que el caso llegara a la Suprema Corte, donde se estableció un precedente fundamental para investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.
La omisión también tendrá castigo
Uno de los cambios más relevantes será la creación del delito de negación de justicia por razones de género, dirigido a servidores públicos encargados de procurar o administrar justicia que mediante actos de corrupción, omisiones, negligencia u otras conductas obstaculicen las investigaciones de delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
Las sanciones podrán alcanzar entre cuatro y diez años de prisión, además de multas de 100 a 150 días, destitución e inhabilitación, un endurecimiento que busca terminar con prácticas que durante años han provocado que familiares de víctimas tengan que convertirse prácticamente en investigadores para demostrar que una muerte inicialmente presentada como suicidio o accidente escondía posibles elementos de violencia feminicida.
La reforma adquiere especial relevancia en una entidad que continúa enfrentando un grave problema de violencia contra las mujeres, donde existen municipios bajo Alerta de Violencia de Género y donde feminicidios, homicidios dolosos, desapariciones y otras agresiones mantienen abiertas miles de investigaciones.
Pero modificar la ley solamente será el primer paso, el verdadero desafío estará en las agencias del Ministerio Público, servicios periciales y áreas de investigación, donde deberán conservarse correctamente escenas, recopilar indicios, realizar necropsias con los protocolos correspondientes, investigar antecedentes de violencia y evitar conclusiones prematuras que puedan destruir elementos fundamentales para esclarecer un crimen.
La Ley Mariana Lima lleva detrás una historia que evidencia precisamente las consecuencias de investigar mal desde el principio, tuvieron que pasar años de lucha para transformar un caso individual en un precedente nacional y posteriormente en una obligación legal para el Estado de México.
Ahora la responsabilidad cambia de manos, las familias ya no deberían tener que demostrar primero que una muerte merece ser investigada como posible feminicidio, serán las autoridades las obligadas a descartar esa posibilidad mediante una investigación exhaustiva, la reforma coloca las herramientas legales sobre la mesa, pero su verdadero alcance se medirá cuando ocurra la próxima muerte violenta de una mujer y se compruebe si las instituciones aprendieron finalmente la lección que dejó Mariana Lima.
