* La entidad acumula alrededor de 14 mil 648 personas desaparecidas y no localizadas, mientras miles de familias continúan buscando y las instituciones resultan insuficientes frente a una crisis que sigue creciendo……
Por Mary González
El Estado de México enfrenta una emergencia que difícilmente puede seguir administrándose como una estadística más de seguridad pública, alrededor de 14 mil 648 personas permanecen desaparecidas y no localizadas, una cifra que coloca a la entidad a la cabeza del país y exhibe una crisis que durante años ha crecido mientras miles de familias terminan realizando buena parte del trabajo que debería corresponder a las instituciones.
La dimensión del problema queda todavía más clara al observar su evolución, en mayo de 2024 se contabilizaban 12 mil 436 personas desaparecidas en territorio mexiquense, para mayo de 2025 la cantidad había aumentado a 13 mil 982 y durante 2026 alcanzó alrededor de 14 mil 648.
Esto significa que en poco más de dos años se incorporaron 2 mil 212 personas adicionales al acumulado, un crecimiento aproximado de 17.8 por ciento que debería encender todas las alarmas.
El Estado de México se coloca por encima de entidades históricamente golpeadas por este fenómeno como Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, cinco estados que en conjunto concentran aproximadamente 42 por ciento de las desapariciones registradas en México.
No se trata de casos aislados ni de episodios circunstanciales, sino de un fenómeno acumulado que obliga a cuestionar si las estrategias de prevención, investigación, localización y búsqueda realmente están funcionando.
Jóvenes, entre los más vulnerables
El rostro de esta tragedia también tiene edad, 46 por ciento de las personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de México se encuentra entre los 15 y 34 años, mientras el rango con mayor concentración corresponde precisamente a jóvenes de entre 15 y 19 años.
Todavía más preocupante resulta la situación de niñas, niños y adolescentes, hasta mayo de 2026 existían 4 mil 153 casos de personas que tenían menos de 18 años al momento de desaparecer, aproximadamente 60 por ciento correspondía a niñas.
Entre las mujeres desaparecidas, 22 por ciento se concentra solamente en el grupo de 15 a 19 años, una proporción que muestra la vulnerabilidad particular que enfrentan adolescentes y mujeres jóvenes.
El problema alcanzó desde hace años dimensiones suficientes para declarar una alerta específica por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixta paluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco.
Han transcurrido casi siete años desde aquella declaratoria y las desapariciones continúan acumulándose.
El dato obliga a formular una pregunta incómoda, ¿de qué sirven las alertas cuando los municipios señalados continúan apareciendo entre los territorios donde desaparecen personas?.
Ecatepec constituye uno de los ejemplos más preocupantes, pasó de mil 69 a mil 176 personas desaparecidas en solamente un año, demostrando que el problema permanece lejos de estar contenido.
Además, 2024 permanece como uno de los años con mayor concentración reciente de casos, con 2 mil 46 personas desaparecidas durante ese periodo que continúan sin ser localizadas, mientras desde 2016, salvo algunas excepciones, el Estado de México ha registrado más de 700 desapariciones anuales.
Familias cargan con la búsqueda
Detrás de cada número existe una familia que imprime fotografías, pega fichas, recorre hospitales, ministerios públicos, terrenos, barrancas y servicios forenses, mientras aprende procedimientos de investigación y búsqueda que nunca tendría que haber conocido.
El Estado cuenta formalmente con una estructura institucional destinada a buscar desaparecidos, investigar los casos y atender a las víctimas, sin embargo, tener instituciones no significa necesariamente obtener resultados.
La gravedad de la situación también alcanza los servicios periciales, donde familiares y colectivos han advertido durante años deficiencias en peritajes, falta de equipos para conservación de cuerpos, saturación de instalaciones y dificultades para realizar confrontas que permitan identificar restos.
Ahí aparece otra dimensión de la crisis, no solamente hay que encontrar a quienes permanecen desaparecidos, también existe el enorme desafío de identificar correctamente cuerpos y restos que pudieran encontrarse bajo resguardo institucional.
Un elemento fundamental que todavía debe repetirse es que no es necesario esperar 72 horas para denunciar una desaparición, el reporte puede realizarse desde el primer momento porque las primeras horas pueden resultar determinantes para localizar a una persona.
Pero ninguna campaña, protocolo, ficha o estructura burocrática sustituye una investigación eficaz.
El Estado de México no puede acostumbrarse a contar desaparecidos, necesita encontrarlos
Cuando una entidad alcanza alrededor de 14 mil 648 ausencias acumuladas, encabeza las cifras nacionales y mantiene miles de casos pendientes, hablar únicamente de mecanismos, protocolos, reuniones y coordinación institucional resulta insuficiente.
La verdadera evaluación tendría que partir de preguntas mucho más sencillas y dolorosas, cuántas personas siguen desapareciendo, cuántas son localizadas con vida, cuántas familias reciben respuestas y cuánto tiempo deben esperar para conocer el destino de sus seres queridos.
Mientras esas respuestas no lleguen, cada nuevo rostro colocado sobre una ficha de búsqueda representará algo más que una estadística, será también la evidencia de una deuda institucional que continúa creciendo en el Estado de México.
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