Por Karina A. Rocha Priego
El fantasma de la violencia en el proceso electoral 2024 en México, viene apercibiendo a las autoridades desde hace varias semanas -aunque desde hace seis años se presumía-, sin embargo, esta situación podría afectar enormemente el proceso, no sólo por el hecho de que podrían cometerse actos delictivos en el transcurso del mismo, sino porque los electores ¡temen salir a votar!.
Ese es un problema real. A los mexicanos, no sólo les ha afectado la “siembra de odio” que desde el día uno de la administración federal actual se han dedicado a “predicar” diariamente a través de la llamada “mañanera”, sino que hoy, con el exceso de amenazas sobre los posibles actos de violencia que puedan suscitarse durante el proceso, ha hecho que la población se vaya echando hacia atrás, pensando en “no salir” a emitir su voto, lo que contribuiría al abstencionismo y este, a su vez, propiciaría a lo que tanto le temen todos ¡un fraude electoral!.
Y es que hay que reconocer que los últimos acontecimientos violentos dan la razón a lo que se está pensando. Tan sólo el ámbito municipal resulta ser el más peligroso para llevar a cabo cualquier campaña política, principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán, donde la sangre ha corrido al río.
En uno de cada tres casos de violencia, las víctimas ya habían sido objeto de ataques. Hay que preguntarse si esa violencia se debe a la presencia de grupos de la delincuencia organizada o a tensiones políticas, partidistas y confrontación de redes clientelares.
Desafortunadamente, en los últimos dos años se ha incrementado el número de ataques en contra de políticos y funcionarios públicos, particularmente durante campañas políticas, de ahí que se estime que el proceso electoral de 2024 podría convertirse en el más violento de la historia.
Nada más imagínese usted que las campañas locales en todo el país todavía no inician y, al parecer, ya hay más de 1 500 ataques contra aspirantes, dirigentes partidistas y servidores públicos en activo.
Según se dio a conocer, entre el 1 de enero de 2018 y noviembre de 2023, se registraron 1 563 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobiernos o partidos. Incluye ataques a policías y militares, por ejemplo.
De esa cantidad de delitos, 923 son reportes de secuestros, 124 amenazas, 276 ataques armados, 73 atentados, 32 desapariciones y 136 secuestros.
Hoy, ya se contabilizan al menos 85 asesinatos durante un proceso electoral que apenas comienza, empezando por el asesinato de Ricardo Taja Ramírez, ocurrido el 21 de diciembre, en Acapulco, Guerrero, quien era aspirante a candidato de Morena a diputado federal; el del regidor panista de Cuautla, Morelos, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, asesinado el 4 de enero; el de Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano, que buscaba la candidatura de ese partido a la presidencia municipal de Armería, Colima, ocurrido el 5 de enero, y el de David Rey González, aspirante a la candidatura por PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, sucedido también el 5 de enero pasado.
Según datos dados a conocer, del 7 septiembre de 2023 cuando inició el proceso electoral, al 28 de noviembre de 2023, ya se habían registrado 81 asesinatos, seis amenazas, 18 ataques armados, 13 atentados, cinco desapariciones y ocho secuestros.
Sin embargo, es realmente preocupante lo que pueda suceder durante el proceso electoral en el Estado de México, pues, curiosamente, en el proceso electoral 2022-2023, donde sólo estuvieron en juego las gubernaturas de los estados de México y Coahuila, aumentaron considerablemente los asesinatos y ataques armados, lo mismo que los atentados, lo que nos habla de que la entidad mexiquense será el foco de atención, pues es de todos sabido que alberga el más grande padrón electoral de la república mexicana, por lo que los votos mexiquenses serían clave para el triunfo de la próxima presidenta de México.
Pero también, hay que reconocer que las células criminales más peligrosas se resguardan y operan en territorio mexiquense, por lo que los focos rojos se encienden entre las dirigencias partidistas estatales y los aspirantes a una alcaldía o diputación local, principalmente; es más, existen alertas sobre activismo de grupos criminales, reiterándose que la violencia constituye un riesgo político para este proceso electoral.
Y es que los grupos criminales están aprovechando estos tiempos de proceso y campañas para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales, lo que aumenta la violencia política y fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos; de ahí que se recrudecen las agresiones físicas o amenazas a personas candidatas y funcionarias públicas o sus círculos cercanos para obligarlas a cooperar con grupos criminales o retirarlas de la contienda electoral para favorecer a candidatos afines a los intereses de las organizaciones delictivas; un ejemplo claro, el de Valle de Bravo en el Estado de México.
El problema se agudiza en México, cuando Voker Turk, un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llama a salvaguardar las elecciones mexicanas de la violencia. Destaca que en México, varios procesos electorales coincidirán en junio, lo que resultará en la elección prevista de más de 20 mil funcionarios públicos, incluyendo la Presidencia de México, los congresos locales y el federal, además de alcaldes, en casi todos los estados mexicanos, considerado este un importante y gran ejercicio político que, en definitiva, debe salvaguardarse contra la violencia.
Por otro lado, Volker Turk señaló que la república mexicana, junto con Ecuador, Haití y Honduras, la prevalencia del crimen organizado y la violencia de pandillas y otras organizaciones criminales, tiene grave impacto en la vida y los derechos de millones de personas.
Por otro lado, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral alerta sobre la violencia en los procesos y llama a las autoridades electorales a ser más exigentes.
Luego de considerar que el crimen organizado está más cerca de las urnas y de ganar los comicios, y que las autoridades electorales deberían ser más exigentes para aplicar la justicia electoral, las cincuenta organizaciones que conforman el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) ha-blaron de cuatro focos rojos que han observado durante el actual proceso electoral, en su Segundo Informe de Integridad del Proceso Electoral 2024.
Estos son:
* Que las precampañas fueron una simulación, ya que las candidaturas se definieron mucho antes
* Que las autoridades electorales -Tribunal Electoral e INE- enfrentan crisis internas que minan su legitimidad* Que los partidos están dispuestos a pagar sanciones monetarias con tal de violar la ley
* Que se han presentado diversos tipos de violencia que ponen en riesgo a actores políticos y el ejercicio de los derechos político electorales
Y es que se han registrado 574 incidentes a nivel municipal, lo que confirma que la violencia es una de las más importantes amenazas a la integridad electoral, y cada día es más alarmante su crecimiento, porque, a diario, “nos confirma que el crimen organizado está más cerca de las urnas y de la definición de ganar los comicios”.
Todo está dicho, nada o muy poco se ha hecho al respecto. Se presume, “los acuerdos políticos con la delincuencia organizada” marcan la pauta para presumir un proceso electoral violento, luego de que estos grupos criminales han llegado hasta la cúpula más alta del poder en el país.
Volvemos al principio, el electorado ¡tiene miedo!, por lo que la única manera de convencerlos de cumplir con su derecho a votar, sería garantizando la seguridad durante el proceso, lo cual, hasta el momento, está difícil se pueda cumplir…
