Por Mary González
Lo que ocurre con las empresas de grúas en el Estado de México no es un hecho aislado, sino la evidencia de una falla estructural que se ha normalizado durante años, cuando los servicios que deberían auxiliar a la ciudadanía son señalados de manera constante por abuso, robo y extorsión, deja de tratarse de casos individuales y se convierte en un patrón de impunidad.
La gravedad del problema no radica únicamente en los abusos, sino en la ausencia de consecuencias, la falta de sanciones envía un mensaje claro de permisividad, lo que debilita la confianza en las instituciones y coloca a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad, donde un accidente o infracción puede derivar en un proceso costoso y desgastante.
A esto se suma la posible complicidad o indiferencia de autoridades encargadas de supervisar, lo que agrava el escenario y perpetúa el ciclo de irregularidades, en ese contexto, denunciar parece inútil, alimentando un sistema que se sostiene en la falta de rendición de cuentas.
Un caso reciente ilustra esta problemática, un empresario mexiquense denunció que su camioneta fue completamente desvalijada mientras permanecía en un corralón, pese a que pagó alrededor de 80 mil pesos para recuperarla, el vehículo había sido remitido tras un accidente ocurrido hace dos años en Nezahualcóyotl, desde entonces el proceso de liberación se volvió largo y presuntamente irregular.
Fue hasta marzo cuando logró recuperar la unidad, sin embargo, la camioneta, una Suburban, fue entregada sin llantas, motor, sistema eléctrico ni interiores, prácticamente reducida a una carcasa, el afectado documentó el estado del vehículo y responsabilizó tanto a la empresa de grúas como a funcionarios que habrían permitido las anomalías.
El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento a los corralones en la entidad, señalados reiteradamente por prácticas abusivas sin que existan sanciones contundentes, el empresario solicitó la intervención de autoridades, aunque expresó temor de que el caso quede impune.
Más que escándalos aislados, el problema exige una revisión profunda del modelo de concesiones, supervisión efectiva y voluntad política para sancionar, de lo contrario, las grúas seguirán operando como un mecanismo de lucro a costa de la indefensión ciudadana.
