* Gobierno federal busca frenar la sobrepoblación de cárceles y entre las alternativas propondrá la liberación anticipada para personas de la tercera edad o internos que legalmente califiquen……
Por Martha Romero
El sistema penitenciario del Estado de México se ha convertido en uno de los mayores símbolos del colapso institucional en materia de justicia, durante años las cárceles dejaron de ser espacios destinados a la reinserción social para transformarse en centros donde el hacinamiento, la lentitud judicial y la falta de infraestructura conviven diariamente, mientras las autoridades apenas comienzan a plantear soluciones que llegan cuando la crisis alcanzó niveles insostenibles.
Frente a una sobrepoblación de 158.74 por ciento, el Gobierno federal anunció que analiza distintas alternativas para disminuir la saturación carcelaria, entre ellas mecanismos de liberación anticipada dirigidos a personas adultas mayores y a internos que legalmente cumplan con los requisitos establecidos por la ley, además de la eventual construcción de nuevos centros penitenciarios, siempre que existan recursos presupuestales suficientes.
Sin embargo, la dimensión del problema evidencia que el deterioro no ocurrió de manera repentina, sino que es resultado de años de omisiones, políticas insuficientes y una incapacidad permanente para equilibrar el crecimiento de la población penitenciaria con la infraestructura disponible.
El hacinamiento como norma
Las cifras muestran la gravedad del escenario, los 21 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México fueron diseñados para albergar únicamente a 14 mil 481 personas, pero al cierre de 2025 mantenían 37 mil 468 internos, es decir, 22 mil 987 personas más de las que realmente pueden recibir.
La diferencia convierte al Estado de México en la entidad con mayor presión sobre su sistema penitenciario, una condición que repercute diariamente en alimentación, servicios médicos, higiene, seguridad y acceso a programas de reinserción.
Lejos de disminuir, la población penitenciaria continúa creciendo, pues tan sólo desde el inicio de la actual administración federal, el número de personas detenidas aumentó de manera considerable, incorporando miles de nuevos internos, entre ellos presuntos integrantes de grupos criminales, exalcaldes, mandos policiales y servidores públicos señalados por diversos delitos.
Cada nueva detención incrementa una presión que el sistema ya no tiene capacidad para absorber.
Una justicia demasiado lenta
El hacinamiento no obedece únicamente al incremento en las detenciones, también refleja un problema estructural mucho más profundo relacionado con el funcionamiento del sistema judicial.
Una parte importante de las personas privadas de la libertad permanece encarcelada bajo prisión preventiva durante largos periodos sin recibir una sentencia definitiva, situación que mantiene ocupados miles de espacios sin que exista una resolución judicial firme.
La lentitud en los procesos penales termina trasladando el problema a los centros penitenciarios, donde los internos permanecen durante meses o incluso años esperando que los tribunales concluyan expedientes que avanzan con extrema lentitud.
Mientras las investigaciones se prolongan, las cárceles siguen recibiendo nuevos ingresos sin registrar egresos suficientes para equilibrar la población.
Penales completamente rebasados
La crisis resulta aún más evidente cuando se revisa el comportamiento individual de diversos centros penitenciarios.
El penal de Chalco representa uno de los casos más extremos del país, construido originalmente para albergar apenas 591 personas, actualmente mantiene alrededor de 3 mil 840 internos, es decir, más de seis veces su capacidad instalada.
La situación no es distinta en Zumpango, donde la ocupación supera ampliamente el límite para el cual fue diseñado el inmueble.
A ello se suman Jilotepec y El Oro, cuyos niveles de ocupación también rebasan ampliamente la infraestructura disponible, mientras que Ecatepec, uno de los penales más grandes de la entidad, registra 6 mil 177 personas privadas de la libertad, pese a contar con espacio únicamente para mil 773.
Estos niveles de ocupación convierten las celdas en espacios donde decenas de personas comparten áreas originalmente destinadas para una cantidad mucho menor de internos, deteriorando todas las condiciones mínimas de habitabilidad.
Reinserción que no existe
En estas condiciones resulta prácticamente imposible hablar de reinserción social.
Los programas educativos, laborales y psicológicos quedan limitados por la falta de espacios, personal y recursos, mientras la prioridad cotidiana consiste simplemente en mantener funcionando instalaciones que operan muy por encima de su capacidad.
Diversas organizaciones han advertido durante años que el hacinamiento favorece problemas sanitarios, limita el acceso a atención médica, incrementa enfermedades respiratorias y gastrointestinales, dificulta la alimentación adecuada y deteriora las condiciones de higiene dentro de los dormitorios.
La falta de custodios agrava todavía más el panorama.
Con menos personal del necesario para vigilar a una población excesiva, aumenta el riesgo de violencia, extorsiones, cobros ilegales, riñas y motines, además de fortalecer estructuras internas de control ejercidas por grupos de internos que terminan sustituyendo parcialmente la autoridad institucional.
Liberar no resuelve el fondo
La posibilidad de aplicar mecanismos de liberación anticipada podría aliviar parcialmente la presión inmediata sobre algunos centros penitenciarios, especialmente cuando se trata de personas adultas mayores o internos que ya cumplieron con los requisitos legales para acceder a ese beneficio.
Sin embargo, especialistas advierten que esta medida difícilmente resolverá el problema estructural si no viene acompañada de una profunda reforma al sistema de justicia.
Reducir los tiempos de investigación, acelerar los procesos judiciales, revisar el uso de la prisión preventiva, fortalecer medidas cautelares distintas al encarcelamiento y ampliar la infraestructura penitenciaria forman parte de una estrategia mucho más amplia que requiere inversiones sostenidas y coordinación entre autoridades federales, estatales y judiciales.
Construir nuevos penales tampoco garantiza por sí solo una solución definitiva, pues mientras continúe ingresando un elevado número de personas y persistan los rezagos procesales, cualquier nueva infraestructura corre el riesgo de saturarse en pocos años.
El caso del Estado de México demuestra que la crisis penitenciaria dejó de ser únicamente un asunto relacionado con las cárceles, hoy refleja las deficiencias acumuladas de todo el sistema de procuración e impartición de justicia, donde la lentitud procesal, la insuficiente infraestructura, la falta de personal y el crecimiento constante de la población privada de la libertad terminaron por convertir al sistema penitenciario mexiquense en el ejemplo más claro de una política pública que durante años permitió que el problema creciera hasta rebasar por completo la capacidad del propio Estado.
