La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, confirmó la infiltración del Cártel de Sinaloa en diversas administraciones municipales.
Las investigaciones ministeriales señalan que la organización criminal no solo financió las campañas de diversos candidatos que actualmente ocupan cargos públicos, sino que también implementó tácticas de intimidación contra sus adversarios políticos para asegurar el control territorial.
De acuerdo con Ulises Lara López, vocero de la FGR, las pesquisas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar la operatividad de este grupo delictivo en al menos ocho municipios, destacando los casos de Cuautla, Yecapixtla y Atlatlahucan.
El objetivo de este financiamiento ilícito era obtener “permisividad y libertad” para ejecutar delitos de alto impacto como extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo, lo que provocó una escalada de violencia en la entidad a partir de 2023.
El operador detrás de la red Las autoridades identificaron a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, como el enlace principal del Cártel de Sinaloa encargado de coordinar las reuniones con los actores políticos.
Según información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se detectaron encuentros entre este operador regional y diversos funcionarios electos, incluyendo indicios que vinculan a colaboradores cercanos del actual gobierno estatal.
Derivado de un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal, se cumplimentaron órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra figuras clave de la política local.
Entre los detenidos figuran Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, e Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla.
También fueron capturados oficiales mayores y tesoreros de la administración de Cuautla, mientras que el actual presidente municipal de dicha demarcación, Jesús Corona Damián, permanece prófugo de la justicia.
La FGR advirtió que la violencia registrada durante el proceso electoral 2023-2024, que incluyó ataques a aspirantes y la muerte de exediles, está directamente relacionada con esta disputa por el control de las estructuras municipales.
